Lambayeque: ministro Arana preside debate sobre aplicación de la pena de muerte para violadores de menores
Nota de prensaDurante inauguración del XVII debate regional, el titular de Justicia enfatizó que la tarea de su sector es proporcionar información para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas




13 de marzo de 2025 - 3:15 p. m.
Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, hoy se realizó, en Chiclayo, región Lambayeque, el XVII debate regional descentralizado para evaluar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad, en el que se promovió un diálogo participativo sobre un tema sensible y de alta relevancia para la comunidad.
La actividad se desarrolló en el auditorio del Colegio de Abogados de Lambayeque, y reunió a destacados representantes del ámbito jurídico, académico y social.
El debate inició con las palabras del ministro Arana, quien destacó la importancia de abordar este tema desde una perspectiva integral que considere tanto los derechos humanos como las demandas de la sociedad “Este es un espacio clave para escuchar a todas las voces y construir propuestas que reflejen justicia y lo que se considere importante para proteger a los niños del país”, señaló el titular del sector.
Reiteró la importancia de ampliar el debate a nivel nacional con el fin de que la ciudadanía esté informada sobre este tema. “La tarea del Ministerio de Justicia es proporcionar información y experiencias para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Se busca que la audiencia convierta a cada persona en un actor que pueda tomar decisiones y aportar al país”, dijo.
En esa línea, precisó que 12 % del total de internos en el país están sentenciados o procesados por violación, y que es necesario dar a conocer esta realidad, para que las personas estén informadas de la realidad nacional y en base a ello les permitan tomar decisiones respecto a este tema.
El ministro Arana anunció que las conclusiones del debate serán recopiladas en un informe técnico que será presentado al Congreso para su evaluación legislativa. Asimismo, enfatizó que el gobierno continuará promoviendo espacios participativos para abordar temas críticos relacionados con los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
El programa incluyó dos bloques principales. En el primero, participaron autoridades locales como fiscales, y gerentes municipales, quienes expusieron sobre la realidad del delito en la región y las implicancias prácticas de implementar una medida como la propuesta en el debate. Entre los ponentes estuvieron Gloria Quevedo Salazar, vicedecana del Colegio de Abogados de Lambayeque, José Constantino Espino, fiscal adjunto superior penal, y Luis Valcárcel Velásquez, coordinador de Gestión de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicio de la Dirección General Contra la Violencia de Género
El segundo bloque estuvo dedicado al análisis académico y social. Figuras como Jaime Cárdenas Fonseca Decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, Rosa Chambergo Montejo, decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque y presidenta del Consejo Regional de Decanos; Monseñor Jorge Luis Villegas Flores; Javier Solis Briones, presidente de la ONG Robando Sonrisas Lambayeque, entre otros destacados profesionales de la región, quienes aportaron perspectivas éticas y legales sobre el impacto potencial de esta medida en la sociedad peruana.
La actividad se desarrolló en el auditorio del Colegio de Abogados de Lambayeque, y reunió a destacados representantes del ámbito jurídico, académico y social.
El debate inició con las palabras del ministro Arana, quien destacó la importancia de abordar este tema desde una perspectiva integral que considere tanto los derechos humanos como las demandas de la sociedad “Este es un espacio clave para escuchar a todas las voces y construir propuestas que reflejen justicia y lo que se considere importante para proteger a los niños del país”, señaló el titular del sector.
Reiteró la importancia de ampliar el debate a nivel nacional con el fin de que la ciudadanía esté informada sobre este tema. “La tarea del Ministerio de Justicia es proporcionar información y experiencias para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas. Se busca que la audiencia convierta a cada persona en un actor que pueda tomar decisiones y aportar al país”, dijo.
En esa línea, precisó que 12 % del total de internos en el país están sentenciados o procesados por violación, y que es necesario dar a conocer esta realidad, para que las personas estén informadas de la realidad nacional y en base a ello les permitan tomar decisiones respecto a este tema.
El ministro Arana anunció que las conclusiones del debate serán recopiladas en un informe técnico que será presentado al Congreso para su evaluación legislativa. Asimismo, enfatizó que el gobierno continuará promoviendo espacios participativos para abordar temas críticos relacionados con los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
El programa incluyó dos bloques principales. En el primero, participaron autoridades locales como fiscales, y gerentes municipales, quienes expusieron sobre la realidad del delito en la región y las implicancias prácticas de implementar una medida como la propuesta en el debate. Entre los ponentes estuvieron Gloria Quevedo Salazar, vicedecana del Colegio de Abogados de Lambayeque, José Constantino Espino, fiscal adjunto superior penal, y Luis Valcárcel Velásquez, coordinador de Gestión de la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicio de la Dirección General Contra la Violencia de Género
El segundo bloque estuvo dedicado al análisis académico y social. Figuras como Jaime Cárdenas Fonseca Decano del Colegio de Notarios de Lambayeque, Rosa Chambergo Montejo, decana del Colegio de Periodistas de Lambayeque y presidenta del Consejo Regional de Decanos; Monseñor Jorge Luis Villegas Flores; Javier Solis Briones, presidente de la ONG Robando Sonrisas Lambayeque, entre otros destacados profesionales de la región, quienes aportaron perspectivas éticas y legales sobre el impacto potencial de esta medida en la sociedad peruana.