Estado peruano reafirma compromiso con los derechos humanos ante la CIDH en Washington
Nota de prensaDurante su exposición el ministro Eduardo Arana destacó los avances en la implementación de las recomendaciones del organismo internacional, tras informe sobre las protestas sociales
11 de febrero de 2025 - 10:50 a. m.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, reafirmó el compromiso del Estado peruano con la protección de los derechos humanos durante su intervención en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C. En el encuentro, se abordó el Plan de Trabajo del Mecanismo de Seguimiento a las Recomendaciones del informe sobre la situación de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.
Señaló que, desde la emisión del informe en abril de 2023, el Estado ha trabajado en la implementación de las 36 recomendaciones formuladas por la CIDH, las cuales abarcan temas como seguridad ciudadana, institucionalidad democrática, reparación a las víctimas y lucha contra la impunidad.
En ese sentido, destacó los avances logrados hasta la fecha, entre ellos la conformación de la Comisión Multisectorial que permitió otorgar un apoyo económico excepcional superior a los S/ 7 millones a 111 deudos de 63 personas fallecidas y a 155 personas heridas de gravedad.
Asimismo, se ha garantizado su acceso a atención médica mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), que ha financiado más de 1,200 atenciones. En tanto, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se otorga asistencia económica a 19 menores de edad en situación de orfandad producto del fallecimiento de su madre, padre o ambos, o tutor legal en el contexto de las movilizaciones de diciembre de 2022.
Por otro lado, el ministro Arana resaltó que, en materia de justicia, el Ministerio Público creó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), el cual investiga 62 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de 766 personas. Para fortalecer su labor, en 2023 se asignaron S/ 99 millones al Ministerio Público, destinando S/ 26,8 millones al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
En el ámbito de seguridad, señaló que en julio de 2023 la Policía Nacional del Perú aprobó la Directiva N° 013-2023-CG PNP/EMG, la cual regula el uso adecuado de medios no letales en operativos policiales. Además, mencionó la creación de la Dirección de Derechos Humanos en el Estado Mayor de la PNP, así como la adopción en diciembre de 2024 de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, cuyo objetivo es reducir la desigualdad y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
En otro momento, Arana explicó que, pese a los esfuerzos del Perú por establecer un plan de trabajo conjunto con la CIDH, aún persisten puntos pendientes de consenso. En ese contexto, recordó que desde mayo de 2024 se han presentado dos propuestas de plan de trabajo y que, en esta ocasión, la delegación peruana ha puesto sobre la mesa una tercera versión, que incorpora el 60 % del documento planteado por la CIDH e incluye la participación de víctimas y sociedad civil en actividades con el organismo.
Finalmente, el ministro subrayó que el Estado ha brindado información periódica sobre el cumplimiento de las recomendaciones a través del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE), lo que fue reconocido en el “Compendio Anual de Avances y Medidas de Cumplimiento de Recomendaciones” de la CIDH en enero de este año.
“La transparencia y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales de nuestra democracia. Este diálogo con la CIDH es una muestra clara del compromiso del Perú por fortalecer la institucionalidad y consolidar un proceso de seguimiento objetivo y constructivo”, enfatizó.
El titular del Minjusdh expuso su informe ante la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, el comisionado relator para Perú, Edgar Ralón Orellana, y otras autoridades de la entidad internacional. Previamente participó en una reunión de coordinación con la Representación Permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esta visita, la delegación peruana estuvo conformada por el canciller Elmer Schialer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Arana, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí y el embajador Hugo de Zela.
Señaló que, desde la emisión del informe en abril de 2023, el Estado ha trabajado en la implementación de las 36 recomendaciones formuladas por la CIDH, las cuales abarcan temas como seguridad ciudadana, institucionalidad democrática, reparación a las víctimas y lucha contra la impunidad.
En ese sentido, destacó los avances logrados hasta la fecha, entre ellos la conformación de la Comisión Multisectorial que permitió otorgar un apoyo económico excepcional superior a los S/ 7 millones a 111 deudos de 63 personas fallecidas y a 155 personas heridas de gravedad.
Asimismo, se ha garantizado su acceso a atención médica mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), que ha financiado más de 1,200 atenciones. En tanto, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se otorga asistencia económica a 19 menores de edad en situación de orfandad producto del fallecimiento de su madre, padre o ambos, o tutor legal en el contexto de las movilizaciones de diciembre de 2022.
Por otro lado, el ministro Arana resaltó que, en materia de justicia, el Ministerio Público creó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), el cual investiga 62 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de 766 personas. Para fortalecer su labor, en 2023 se asignaron S/ 99 millones al Ministerio Público, destinando S/ 26,8 millones al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
En el ámbito de seguridad, señaló que en julio de 2023 la Policía Nacional del Perú aprobó la Directiva N° 013-2023-CG PNP/EMG, la cual regula el uso adecuado de medios no letales en operativos policiales. Además, mencionó la creación de la Dirección de Derechos Humanos en el Estado Mayor de la PNP, así como la adopción en diciembre de 2024 de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, cuyo objetivo es reducir la desigualdad y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
En otro momento, Arana explicó que, pese a los esfuerzos del Perú por establecer un plan de trabajo conjunto con la CIDH, aún persisten puntos pendientes de consenso. En ese contexto, recordó que desde mayo de 2024 se han presentado dos propuestas de plan de trabajo y que, en esta ocasión, la delegación peruana ha puesto sobre la mesa una tercera versión, que incorpora el 60 % del documento planteado por la CIDH e incluye la participación de víctimas y sociedad civil en actividades con el organismo.
Finalmente, el ministro subrayó que el Estado ha brindado información periódica sobre el cumplimiento de las recomendaciones a través del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE), lo que fue reconocido en el “Compendio Anual de Avances y Medidas de Cumplimiento de Recomendaciones” de la CIDH en enero de este año.
“La transparencia y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales de nuestra democracia. Este diálogo con la CIDH es una muestra clara del compromiso del Perú por fortalecer la institucionalidad y consolidar un proceso de seguimiento objetivo y constructivo”, enfatizó.
El titular del Minjusdh expuso su informe ante la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, el comisionado relator para Perú, Edgar Ralón Orellana, y otras autoridades de la entidad internacional. Previamente participó en una reunión de coordinación con la Representación Permanente de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esta visita, la delegación peruana estuvo conformada por el canciller Elmer Schialer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Arana, el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Charles Napurí y el embajador Hugo de Zela.