MINJUSDH presenta proyecto de Decreto de Urgencia para destinar S/ 3,230 millones para mejorar infraestructura y seguridad en los penales
Nota de prensaSe propone declarar en emergencia al Sistema Penitenciario Nacional para atender temas urgentes como el hacinamiento y la resocialización; así como la reactivación de obras.




24 de octubre de 2024 - 2:58 p. m.
En el marco de su competencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó un proyecto de Decreto de Urgencia que propone declarar en emergencia el Sistema Penitenciario Nacional, demostrando con ello su compromiso con la seguridad ciudadana.
Conforme a lo planteado, el proyecto de la norma establece acciones urgentes en infraestructura, seguridad y gestión administrativa para revertir el hacinamiento y mejorar la resocialización de los internos en 68 establecimientos penitenciarios que albergan a 97,236 internos cuando la capacidad real es de 41,556 personas, lo que refleja una sobrepoblación del 134%.
Además, la propuesta considera autorizar la reasignación de S/ 3,230 millones del presupuesto para invertirlos en proyectos de infraestructura penitenciaria y equipamiento distribuidos entre el MINJUSDH y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Estos fondos estarán destinados a la mejora de las instalaciones, operatividad, mobiliario y la ejecución de proyectos específicos, como la instalación de servicios de readaptación en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica.
La medida también permitirá la reactivación de obras paralizadas con un avance mínimo del 20% y se incentivará la colaboración de las Fuerzas Armadas y otras entidades para facilitar el uso de terrenos y bienes. Este proceso se hará de forma prioritaria y se simplificarán los trámites administrativos para acelerar la implementación de los proyectos, asegurando que las autorizaciones y estudios se emitan en un plazo no mayor de diez días hábiles.
Asimismo, se contempla la creación de un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación, denominado “Fideicomiso para la mejora de la Infraestructura Penitenciaria”, el cual garantizará el financiamiento de las inversiones previstas hasta el año 2025. Los recursos de este fideicomiso serán exclusivos para el fortalecimiento de la infraestructura y la seguridad penitenciaria, manteniendo su carácter de intangible e inembargable.
La propuesta de Decreto de Urgencia es una disposición que exonera al INPE del límite de gasto establecido, con el objetivo de garantizar la operatividad en los centros penitenciarios. Esta medida permitirá ejecutar traslados, efectuar rotaciones de personal y aumentar los operativos de seguridad en los penales. Con esta flexibilización en el uso de recursos, se busca fortalecer la respuesta frente a la crisis carcelaria, optimizando la gestión interna y mejorando la seguridad en las cárceles del país.
Finalmente, se podría facultar a los gobiernos locales y regionales a colaborar en la adquisición de terrenos y ejecución de inversiones, promoviendo una sinergia entre los distintos niveles de gobierno para mejorar la situación penitenciaria.
La vigencia del decreto se extenderá hasta diciembre de 2025, permitiendo un plazo amplio para la implementación de las medidas necesarias. El Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), contribuye activamente en la lucha contra la criminalidad y reducir la inseguridad ciudadana .
Conforme a lo planteado, el proyecto de la norma establece acciones urgentes en infraestructura, seguridad y gestión administrativa para revertir el hacinamiento y mejorar la resocialización de los internos en 68 establecimientos penitenciarios que albergan a 97,236 internos cuando la capacidad real es de 41,556 personas, lo que refleja una sobrepoblación del 134%.
Además, la propuesta considera autorizar la reasignación de S/ 3,230 millones del presupuesto para invertirlos en proyectos de infraestructura penitenciaria y equipamiento distribuidos entre el MINJUSDH y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Estos fondos estarán destinados a la mejora de las instalaciones, operatividad, mobiliario y la ejecución de proyectos específicos, como la instalación de servicios de readaptación en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica.
La medida también permitirá la reactivación de obras paralizadas con un avance mínimo del 20% y se incentivará la colaboración de las Fuerzas Armadas y otras entidades para facilitar el uso de terrenos y bienes. Este proceso se hará de forma prioritaria y se simplificarán los trámites administrativos para acelerar la implementación de los proyectos, asegurando que las autorizaciones y estudios se emitan en un plazo no mayor de diez días hábiles.
Asimismo, se contempla la creación de un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación, denominado “Fideicomiso para la mejora de la Infraestructura Penitenciaria”, el cual garantizará el financiamiento de las inversiones previstas hasta el año 2025. Los recursos de este fideicomiso serán exclusivos para el fortalecimiento de la infraestructura y la seguridad penitenciaria, manteniendo su carácter de intangible e inembargable.
La propuesta de Decreto de Urgencia es una disposición que exonera al INPE del límite de gasto establecido, con el objetivo de garantizar la operatividad en los centros penitenciarios. Esta medida permitirá ejecutar traslados, efectuar rotaciones de personal y aumentar los operativos de seguridad en los penales. Con esta flexibilización en el uso de recursos, se busca fortalecer la respuesta frente a la crisis carcelaria, optimizando la gestión interna y mejorando la seguridad en las cárceles del país.
Finalmente, se podría facultar a los gobiernos locales y regionales a colaborar en la adquisición de terrenos y ejecución de inversiones, promoviendo una sinergia entre los distintos niveles de gobierno para mejorar la situación penitenciaria.
La vigencia del decreto se extenderá hasta diciembre de 2025, permitiendo un plazo amplio para la implementación de las medidas necesarias. El Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), contribuye activamente en la lucha contra la criminalidad y reducir la inseguridad ciudadana .