Resolución N.° 57-2017-JUS/CN
17 de mayo de 2017
El notario ha procedido a formalizar las escrituras públicas teniendo en cuenta el contenido de las minutas de compraventa que le fueron presentadas y sin tener algún tipo de anotación o restricción en los Registros Públicos respecto a que se estaba transfiriendo el mismo bien; si bien es cierto que ambas escrituras públicas fueron extendidas por el mismo notario con una diferencia de tres meses, este hecho no le hace responsable de las imputaciones formuladas en su contra, debido a que al momento de extender ambas escrituras públicas, calificó la documentación presentada y tuvo en cuenta lo descrito en el Certificado Registral Inmobiliario de la Oficina Registral de Lima. De otro lado, se advierte que el notario quejado actuó bajo la presunción de buena fe con relación a los documentos presentados por las partes contratantes, por lo que, de cuestionarse la validez de dicha documentación para acreditar el pago del impuesto predial, ello solo puede ser declarado por el órgano jurisdiccional competente, presumiéndose su validez en tanto no sea desvirtuado en la vía judicial. Sobre las denuncias penales señaladas por los quejosos referidas a ilícitos penales en las que habría incurrido presuntamente el notario quejado, tales como falsedad genérica, usurpación agravada, entre otros, es necesario precisar que estas tendrán que ser resueltas en la vía judicial correspondiente.
Esta norma pertenece al compendio Resoluciones del Consejo del Notariado 2017
