Encargan a funcionario del Mininter la nueva Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado

Nota de prensa
Con la designación del procurador público Moisés Vega De la Cruz, el Estado iniciará acciones para recuperar más de 50 bienes incautados.
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Fotos: Mininter

Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional

13 de enero de 2024 - 11:50 a. m.

El procurador público del Ministerio del Interior, Moisés Vega De la Cruz, fue designado temporalmente como encargado de la nueva Procuraduría Pública Especializada contra el Crimen Organizado, que iniciará sus funciones luego de cuatro años de haber sido creada.
El abogado, quien asumirá esta encargatura, hasta que se designe al procurador público titular, recibe esta nueva procuraduría como adición a sus funciones en el cargo de procurador público especializado en Delitos Contra el Orden Público, entidad adscrita el Ministerio del Interior (Mininter).
Esta decisión se avala en la Resolución del Procurador General del Estado N.° 005-2024-JUS/PGE-PG, firmada por el procurador general Javier Pacheco, que atribuyó estas funciones al funcionario del Mininter por cumplir con los criterios de competencia sectorial, especialidad, experiencia, y conocimiento previo en los casos que se desarrollan.
El procurador Moisés Vega se desempeñó también como procurador adjunto especializado en Delitos de Terrorismo del Mininter.
Con el inicio de funciones de esta entidad adscrita al Mininter, el Estado peruano podrá iniciar las acciones correspondientes para la recuperación de 45 vehículos y siete inmuebles que fueron incautados a diversas organizaciones criminales.
Ello, gracias a las más de 300 sentencias favorables dictadas por el Poder Judicial. Cabe indicar que estos bienes serán rematados, lo cual representa un ingreso para el Estado peruano que asciende a S/542 900.
Asimismo, se da el primer paso para las operaciones impulsadas por la Procuraduría General del Estado, en el marco de los recientes hechos suscitados en Ecuador, a fin de recuperar la deuda que mantienen los sentenciados por delitos de crimen organizado en agravio del Estado peruano.