Un total de 35 normas impulsadas por Mininter y otros sectores del Ejecutivo fortalecerán la seguridad ciudadana en el país

El Perú cuenta con un nuevo marco jurídico que fortalecerá su sistema nacional de seguridad ciudadana, someterá a la delincuencia y al crimen organizado al imperio de la ley, y brindará mayor garantía a sus ciudadanos para desarrollar sus proyectos de desarrollo integral gracias al paquete de normas elaborado por el poder Ejecutivo durante el periodo de delegación de facultades.

Las normas están orientadas a potenciar la seguridad ciudadana, combatir eficazmente el crimen organizado —de origen nacional e internacional— y la delincuencia común, fortalecer el control migratorio y empoderar la investigación criminal. También para contar con información estadística para la toma de decisiones, incorporar activamente a los gobiernos regionales y locales en esta lucha, a mejorar la institucionalidad de la PNP y su performance interna, e implementar una central de emergencias.

Con este nuevo marco normativo de origen multisectorial el Perú buscará ubicarse a la vanguardia de la seguridad ciudadana con la finalidad de contribuir con la reactivación económica.

Para el efecto, el Gobierno ha tomado la decisión de impulsar importantes reformas, como en los procesos de control migratorio, de control y fiscalización de insumos químicos que sirven para elaborar drogas, del proceso de investigación del delito con énfasis contra las extorsiones y las organizaciones criminales, de la seguridad ciudadana, así como los beneficios del personal policial en torno a su formación, carrera y salud policial, orientados a introducir un cambio estructural en la moral, disciplina y logística de la Policía Nacional, articulada con los gobiernos regionales y locales.

El nuevo marco legal permitirá un trabajo coordinado y con respaldo jurídico de las autoridades competentes en la lucha contra la delincuencia común y organizada, y el crimen organizado, con el objeto de lograr una convivencia pacífica con respeto pleno de los derechos fundamentales, orientada al desarrollo de la persona con la finalidad de alcanzar el bien común.