El Estado aprueba directrices intersectoriales contra el delito de tráfico ilícito de migrantes y la protección de víctimas

El Estado peruano, mediante decreto supremo Nº 0008-2018-IN publicado el viernes 7 de septiembre en el diario El Peruano, aprobó las directrices intersectoriales para la prevención y persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes, así como la atención y protección de las víctimas, el cual lleva la rúbrica del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

Esta normativa, elaborada por los integrantes de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que es liderada por el Ministerio del Interior, tiene como fin dirigir las políticas públicas contra este delito en el Perú.

Las directrices tienen enfoques de género, de interculturalidad, así como de protección de los derechos humanos y de la niñez y adolescencia, los cuales están dentro de los ejes de gobernanza institucional; información y prevención; atención, protección, integración y reintegración de víctimas; fiscalización y persecución del delito.

“En los enfoques establecidos en este instrumento estatal se incluye como poblaciones vulnerables a los niños y adolescentes, así como a la población LGTBIQ, a las personas con discapacidad y a los pobladores indígenas y afroperuanos”, señaló Miguel Huerta Barrón, director General de Seguridad Democrática.

En ese contexto, el funcionario del sector Interior informó que en el delito de tráfico ilícito de migrantes se sanciona al que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficios. “El artículo 303-A del Código Penal establece pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años”, explicó.

Cabe señalar que las directrices intersectoriales aprobadas son un instrumento que establece ejes estratégicos que, desde las instituciones estatales, se deben implementar para la lucha contra este delito transfronterizo, así como incluirlo en sus actividades, planes operativos y presupuestos institucionales.

En cuanto a la coordinación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las directrices intersectoriales, Huerta Barrón indicó que en el decreto supremo se delega esta responsabilidad a la secretaria técnica, que recae en la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.

Este decreto supremo es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo; y los ministros del Interior, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Salud, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación, de Trabajo y Promoción del Empleo, de Transportes y Comunicaciones, de Relaciones Exteriores, de Energía y Minas, de Energía y Minas, y de Comercio Exterior y Turismo. (NP 1348-2018)