OPERADORES DE JUSTICIA ANALIZAN MEDIDAS JUDICIALES A PROCESADOS POR CRIMEN ORGANIZADO

NOTA DE PRENSA MININTER N° 134–2018
  Representantes del Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional participaron en mesa de trabajo.
  El Ministerio del Interior (Mininter) desarrolló una mesa de trabajo con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional del Perú (PNP) para analizar las resoluciones judiciales en las cuales se aplicaron beneficios penitenciarios y medidas limitativas de derecho a miembros de organizaciones criminales.
El evento denominado “¿Beneficios y medidas leves para el crimen organizado? Análisis crítico y recomendaciones sobre la aplicación de beneficios penitenciarios y medidas limitativas de derechos leves a integrantes de organizaciones criminales”, se llevó a cabo hoy en las instalaciones del Mininter.
Esta mesa de trabajo se realiza por iniciativa del Viceministerio de Orden Interno y para ello se elaboró un documento en el cual se han analizado resoluciones judiciales relacionadas a casos de crimen organizado y/o tráfico ilícito de drogas. En estos casos los procesados o sentenciados, a pesar de su peligrosidad, recibieron medidas limitativas de derecho leves (comparecencia restringida, arresto domiciliario o comparecencia simple) o beneficios penitenciarios.
Este documento se enmarca en una serie denominada "Apuntes de política criminal sobre crimen organizado", iniciativa que toma como base la experiencia sectorial para animar un diálogo constructivo entre las agencias estatales y los actores sociales para fortalecer las medidas contra el crimen organizado, implementadas por el Estado. El estudio contó con el apoyo de la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), y ha sido elaborado por la abogada Inés Tello de Ñecco, quien entre 1998 y el 2015 se desempeñó como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Recomendaciones A partir del análisis de resoluciones se plantean cinco recomendaciones que involucran a diferentes actores como los ministerios del Interior y de Justicia y Derechos Humanos (Minjus); el Poder Judicial, Ministerio Público y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Entre las recomendaciones está la coordinación con el Minjus y Poder Judicial para el pronto desarrollo de la “Plataforma de soporte tecnológico para la publicidad de las resoluciones judiciales”.
También se recomienda impulsar una estrategia de auditoría para las relaciones judiciales que se expidan en la tramitación de un proceso. Para ello será necesario que se comparta información entre el Ministerio Público, la PNP, el Poder Judicial y el INPE.
De la misma manera, se considera necesario poner en conocimiento del Ministerio Público y de los órganos de control de esta entidad y el Poder Judicial, las ilicitudes advertidas en la concesión de beneficio penitenciario en el caso analizado.
La cuarta recomendación precisa que las resoluciones dictadas en las audiencias de prisión preventiva deben sujetarse a las formas no solo propias de toda resolución judicial sino a las de redacción sesgada y formal.
Finalmente, se solicita observancia a los señores magistrados al emitir decisión en las peticiones de beneficios penitenciarios en razón que los informes sicológicos y sociales no constituyen sino dictámenes periciales sujetos a actuación probatorio. Por ello, estos deben estar bajo los mismos principios de inmediación, oralidad y contradicción en la audiencia respectiva y sujetos a la evaluación subjetiva y objetiva.
 
  Lima, 30 de enero del 2018 Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional Ministerio del Interior