Gobierno inicia acción penal contra 10 detenidos en flagrancia
Nota de prensaTras los desmanes ocurridos durante la denominada Marcha de la Generación Z en el Centro de Lima.
Fotos: Mininter
29 de setiembre de 2025 - 4:46 p. m.
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior (Mininter) y con el apoyo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, inició acciones legales contra los ciudadanos detenidos en flagrancia durante las recientes movilizaciones en el Centro de Lima. A ellos se les imputa la comisión de los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y resistencia o desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado y de terceros.
Estas protestas dejaron un saldo de 26 policías heridos y múltiples daños a bienes públicos y privados. Ante ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) articuló acciones con la Procuraduría, el Ministerio Público y otras entidades estatales para identificar de inmediato a los detenidos, garantizar la atención oportuna a los efectivos lesionados y recopilar las pruebas materiales necesarias para las investigaciones.
En total, 10 ciudadanos fueron detenidos en flagrancia durante los cuatro días de movilizaciones y puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones penales. La Procuraduría ha solicitado prisión preventiva para los implicados, entre ellos Samuel Rodríguez Villa, contra quien el Poder Judicial ya dictó tres meses de prisión preventiva, medida que asegura su presencia en el proceso y permite el esclarecimiento de los hechos.
Durante las protestas desarrolladas entre el 20 y el 28 de septiembre, en el marco de la denominada Gran Marcha Nacional contra la Ley n.° 32123 y otras convocatorias, algunos grupos radicales desnaturalizaron el derecho a la protesta pacífica, atacando a efectivos policiales con objetos contundentes, pirotécnicos y bombas molotov. Esta situación obligó a la intervención de las fuerzas del orden para restablecer la tranquilidad pública.
Varios de los policías afectados ya fueron dados de alta; sin embargo, tres de ellos permanecen en observación en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz.
Las acciones violentas también han generado gastos significativos al Estado, vinculados al traslado de efectivos, el uso de municiones no letales, equipos de protección y la atención médica de los heridos. Por ello, la Procuraduría ha solicitado los informes económicos y médicos correspondientes que permitirán sustentar la reparación civil contra los responsables.
Estas protestas dejaron un saldo de 26 policías heridos y múltiples daños a bienes públicos y privados. Ante ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) articuló acciones con la Procuraduría, el Ministerio Público y otras entidades estatales para identificar de inmediato a los detenidos, garantizar la atención oportuna a los efectivos lesionados y recopilar las pruebas materiales necesarias para las investigaciones.
En total, 10 ciudadanos fueron detenidos en flagrancia durante los cuatro días de movilizaciones y puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones penales. La Procuraduría ha solicitado prisión preventiva para los implicados, entre ellos Samuel Rodríguez Villa, contra quien el Poder Judicial ya dictó tres meses de prisión preventiva, medida que asegura su presencia en el proceso y permite el esclarecimiento de los hechos.
Durante las protestas desarrolladas entre el 20 y el 28 de septiembre, en el marco de la denominada Gran Marcha Nacional contra la Ley n.° 32123 y otras convocatorias, algunos grupos radicales desnaturalizaron el derecho a la protesta pacífica, atacando a efectivos policiales con objetos contundentes, pirotécnicos y bombas molotov. Esta situación obligó a la intervención de las fuerzas del orden para restablecer la tranquilidad pública.
Varios de los policías afectados ya fueron dados de alta; sin embargo, tres de ellos permanecen en observación en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz.
Las acciones violentas también han generado gastos significativos al Estado, vinculados al traslado de efectivos, el uso de municiones no letales, equipos de protección y la atención médica de los heridos. Por ello, la Procuraduría ha solicitado los informes económicos y médicos correspondientes que permitirán sustentar la reparación civil contra los responsables.