Defensoría del Policía denunciará las presuntas irregularidades del Ministerio Público por el caso "Cuchillo”
Nota de prensaLa inacción del Ministerio Público habría permitido la fuga del sujeto responsable de la masacre de 13 personas en Pataz.
Fotos: Mininter
8 de mayo de 2025 - 3:44 p. m.
El director general de la Defensoría del Policía del Mininter, Máximo Ramírez, expuso una serie de presuntas irregularidades cometidas por el fiscal Edwin Ramos Heredia, de la Primera Fiscalía Provincial de Casma en el marco del caso de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, presunto responsable de la masacre de 13 personas en Pataz.
Según Ramírez, el fiscal dejó en libertad a Rodríguez Díaz pese a las pruebas que lo vinculaban con la muerte de nueve mineros en 2023. Esta semana, “Cuchillo” fue señalado nuevamente como presunto autor del crimen que acabó con la vida de 13 mineros en Pataz.
Con documentos en mano, Ramírez de la Cruz demostró que el fiscal Ramos Heredia no solo liberó a un investigado por homicidio, sicariato, tenencia ilegal de armas, uso de explosivos y narcotráfico en menos de 48 horas, sino que tampoco abrió una investigación ni solicitó su detención preliminar.
“De haberse valorado adecuadamente las pruebas presentadas por la Policía Nacional, se habría evitado su reciente fuga a Colombia”, afirmó.
Un hecho que llamó la atención fue que el fiscal inició un proceso penal contra una menor de 15 años que acompañaba a “Cuchillo” y a sus presuntos cómplices durante la intervención de 2023. En aquel operativo, se les incautó una cacerina, un revólver, una granada de guerra y municiones. La menor se autoinculpó y el fiscal decidió procesarla a ella, dejando en libertad a los demás detenidos, sin considerar la posibilidad de que la adolescente hubiese sido manipulada o presionada para declarar.
Ramírez también expresó su sorpresa por el inusual interés del fiscal Ramos Heredia en participar directamente en las pericias realizadas por la Policía Nacional del Perú. Además, precisó que la intervención policial se llevó a cabo a la 1:40 p. m. y que, una hora después, a las 2:40 p. m., se notificó al fiscal. Esta cronología consta en actas y documentos probatorios.
En cuanto a la versión del fiscal que aseguraba la inoperatividad del armamento incautado, Ramírez lo desmintió. Explicó que las pericias concluyeron que el revólver se encontraba en regular estado de conservación y que la granada de guerra tuvo que ser detonada por la PNP como parte del protocolo, lo que demuestra que el material era plenamente funcional y pudo haber sido utilizado en actividades delictivas.
Respecto a las denuncias contra policías que no habrían recibido las quejas de los familiares de los mineros asesinados, Ramírez advirtió que esto constituiría una falta grave. Señaló que las investigaciones en curso determinarán el grado de responsabilidad de los agentes implicados.
Finalmente, aseguró que aquellos policías que hayan prestado servicios de seguridad privada de forma irregular serán pasados al retiro si se confirma su participación.
Según Ramírez, el fiscal dejó en libertad a Rodríguez Díaz pese a las pruebas que lo vinculaban con la muerte de nueve mineros en 2023. Esta semana, “Cuchillo” fue señalado nuevamente como presunto autor del crimen que acabó con la vida de 13 mineros en Pataz.
Con documentos en mano, Ramírez de la Cruz demostró que el fiscal Ramos Heredia no solo liberó a un investigado por homicidio, sicariato, tenencia ilegal de armas, uso de explosivos y narcotráfico en menos de 48 horas, sino que tampoco abrió una investigación ni solicitó su detención preliminar.
“De haberse valorado adecuadamente las pruebas presentadas por la Policía Nacional, se habría evitado su reciente fuga a Colombia”, afirmó.
Un hecho que llamó la atención fue que el fiscal inició un proceso penal contra una menor de 15 años que acompañaba a “Cuchillo” y a sus presuntos cómplices durante la intervención de 2023. En aquel operativo, se les incautó una cacerina, un revólver, una granada de guerra y municiones. La menor se autoinculpó y el fiscal decidió procesarla a ella, dejando en libertad a los demás detenidos, sin considerar la posibilidad de que la adolescente hubiese sido manipulada o presionada para declarar.
Ramírez también expresó su sorpresa por el inusual interés del fiscal Ramos Heredia en participar directamente en las pericias realizadas por la Policía Nacional del Perú. Además, precisó que la intervención policial se llevó a cabo a la 1:40 p. m. y que, una hora después, a las 2:40 p. m., se notificó al fiscal. Esta cronología consta en actas y documentos probatorios.
En cuanto a la versión del fiscal que aseguraba la inoperatividad del armamento incautado, Ramírez lo desmintió. Explicó que las pericias concluyeron que el revólver se encontraba en regular estado de conservación y que la granada de guerra tuvo que ser detonada por la PNP como parte del protocolo, lo que demuestra que el material era plenamente funcional y pudo haber sido utilizado en actividades delictivas.
Respecto a las denuncias contra policías que no habrían recibido las quejas de los familiares de los mineros asesinados, Ramírez advirtió que esto constituiría una falta grave. Señaló que las investigaciones en curso determinarán el grado de responsabilidad de los agentes implicados.
Finalmente, aseguró que aquellos policías que hayan prestado servicios de seguridad privada de forma irregular serán pasados al retiro si se confirma su participación.