Ministerio del Interior

El 24 de febrero de 2017, mediante Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) y se derogó la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, el cambio de regulación se sustentó en la delegación de facultades que otorgo el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, por el que se dispuso la reorganización del Sistema de Inversión Pública mediante una estructura efectivamente descentralizada (Ley N° 30506, 2016). 

El nuevo Sistema Invierte.pe surge con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y cuyo ámbito de aplicación contempla a todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecutan proyectos de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Bajo este sistema se cambia la conceptualización de los Proyectos de Inversión Presupuestal (PIP), los cuales son un tipo de respuesta desde el Estado a una problemática específica en beneficio de la población.

Siendo la inseguridad ciudadana una de las principales preocupaciones de los peruanos y peruanas, es de central relevancia conocer cómo se ha orientado el uso de los recursos públicos en la materia. Es por ello que se coordinó con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la remisión de una base de datos con el contenido de los PIP del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), siendo previamente clasificados de acuerdo a la Función “Orden Público y Seguridad”, “Defensa y Seguridad Ciudadana” y “Defensa y Seguridad Nacional” que se encuentra estrechamente vinculadas a la misión y propósitos institucionales del Ministerio del Interior.

Para la elaboración de esta base de datos se identificó que en los PIPs muchos proyectos no habían destinado un monto para su ejecución por lo cual se seleccionaron solo aquellos PIPs que se encontraban en la condición de devengados (es decir, que ya cuentan con compromisos de pago para efectos contables). De esta forma, la base de datos se redujo a 928 casos. Así también, se detectó a un número de PIPs que se encontraban inactivos,que fueron retirados llegando a obtener una base de datos que contempla un total de 891 casos. Además se identificó que 9 de ellos habían sido formulados y ejecutados por el gobierno nacional, 30 por gobiernos regionales y 852 por gobiernos locales, se decidió excluir del análisis a los 39 casos de los gobiernos nacionales y regionales. 

Sin embargo, al analizar aquellos propios de los gobiernos locales, se identificaron 22 que mantenían problemas de registro, tales como datos incompletos, errores en el registro, entre otros; por lo que se decidió excluir también a estos. Con ello la base de datos se redujo a 830 PIPs en seguridad ciudadana.