Es el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y de respuesta de las entidades públicas frente a la corrupción y prácticas contrarias a la ética. La conforman 9 componentes y la Oficina General de Integridad Institucional es la encargada de implementarlo, mediante un trabajo articulado entre las unidades de organización para el fortalecimiento de la cultura de integridad en el Mininter.