Comunicado

El Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas informan lo siguiente:

1. En relación a los proyectos de ley N° 5881-2020 y N° 5706-2020 que serán debatidos en el pleno del Congreso de la República:

· El proyecto de Ley N° 5881-2020 amplía los plazos para la presentación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) hasta el 30 de abril del 2021 y el pago de derecho de vigencia y penalidad y acreditación de la producción, hasta el 30 de diciembre del 2020.

· El proyecto de Ley N° 5706-2020 amplía el plazo de inscripción al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por 60 días calendario.

2. Si bien los proyectos de ley se sustentan en la pandemia, el Congreso de la República debe considerar que todos estos plazos ya han sido ampliados oportunamente por el Poder Ejecutivo a consecuencia de la COVID-19.

· El plazo de inscripción al REINFO inició el 16 de enero y debía concluir el 07 de julio del 2020; sin embargo, atendiendo al Decreto de Urgencia N° 029-2020, se amplió hasta el 23 de setiembre de 2020.

· El plazo de presentación del IGAFOM inició el 2 de agosto del 2017 y debía concluir el 31 de marzo del 2019; sin embargo, fue ampliado hasta en dos oportunidades más, la última ampliación fue efectuada mediante Decreto Supremo N° 015-2020-EM hasta el 31 de diciembre del 2020.

· Los plazos de presentación del pago de derecho de vigencia y penalidad del año 2020 y acreditación de la producción mínima del año 2019, también se ampliaron a consecuencia e la pandemia, hasta el 30 de setiembre del 2020, mediante el Decreto Legislativo N° 1483.

3. Los proyectos de ley antes mencionados no aseguran el desarrollo sostenible de una pequeña minería y minería artesanal responsable; por el contrario, podrían perjudicar a los mineros que vienen formalizándose y cumpliendo con los requisitos y exigencias que la normatividad señala, además de traer como consecuencia el deterioro del medioambiente, al incentivarse prácticas sin una adecuada planificación y sin los permisos que el ordenamiento jurídico exige para el desarrollo de cualquier actividad minera.

4. Finalmente, se reconoce que es preciso trabajar alternativas de solución para abordar los problemas de la pequeña minería y la minería artesanal, así como de las localidades que conviven con ella; sin embargo, ello debe hacerse con la participación de todos los actores y dentro del marco legal establecido, para garantizar que no se comprometan los derechos de las poblaciones.