Gobierno declara Estado de Emergencia a nivel nacional para restablecer la tranquilidad y el orden

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional por 30 días calendario, ello con el fin de garantizar el control del orden interno y la tranquilidad de la población tras las manifestaciones que se vienen suscitando en distintas regiones.

 

El Decreto Supremo N° 143-2022-PCM fue publicado en la edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva las firmas de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana; así como de los titulares de las carteras de Defensa, Alberto Otárola Peñaranda; del Interior, César Cervantes Cárdenas; y de Justicia, José Tello Alfaro.

 

La referida norma contiene seis artículos que precisan los alcances de la medida. La Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. También se suspende el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

 

“Durante la vigencia del Estado de Emergencia declarado en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, queda suspendida la vigencia de los Estados de Emergencia declarados en distintos departamentos del país, en los cuales la Policía Nacional del Perú se encuentra a cargo del control del orden interno”, indica el tercer artículo.

 

Se precisa que la disposición del apoyo que brindarán las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional se efectúa dentro del marco legal, como el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.

 

El DS N° 143-2022-PCM fue aprobado conforme con lo establecido en los incisos 4)

y 14) del artículo 118 y el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política; y los literales b) y d) del inciso 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo; y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

 

 

Previo a la publicación del referido Decreto Supremo, la presidenta de la República lideró la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA), en el Cuartel General del Ejército, donde invocó a la población a generar espacios de diálogo.

 

“Hoy nos hemos reunido para que el comando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional nos informen cómo se han estado desarrollando estas protestas que han estado saliendo del marco legal”, manifestó brevemente a los medios.

 

Más temprano, el ministro de Defensa también señaló que el Ejecutivo está trabajando de forma permanente para solucionar la crisis social e informó lo que implica la ejecución de diversas acciones para restituir el orden en las regiones convulsionadas.

 

 

“La Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas, va a asegurar el control en todo el territorio nacional y de los bienes personales, y sobre todo de la infraestructura estratégica y de la seguridad y bienestar de todos los peruanos”, sostuvo.

 

En el cónclave del COSEDENA participaron sus miembros, como el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana; y los ministros del sector Interior, César Cervantes Cárdenas; y de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro. 

 

También asistió el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Manuel Gómez De La Torre Araníbar; así como los comandantes generales del Ejército, General de Ejército Walter Córdova Alemán; de la Fuerza Aérea, General del Aire Alfonso Artadi Saletti; de la Marina de Guerra, Almirante Alberto Alcalá Luna; y de la Policía Nacional, General de Policía Raúl Alfaro Alvarado.

 

La reunión del mencionado consejo tuvo como fin abordar la situación en distintas regiones del país donde se vienen registrando violentas manifestaciones, ello para poder adoptar medidas que permitan restituir el orden público, salvaguardar los derechos e integridad de la población y la protección de los activos nacionales.