Diálogo y participación ciudadana son claves para evaluar la ratificación del Acuerdo de Escazú

Nota de prensa
Viceministra Yamina Silva destacó que dicho tratado internacional promueve la protección de los defensores ambientales

9 de setiembre de 2022 - 4:03 p. m.

La viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), Yamina Silva, resaltó la necesidad de realizar un amplio diálogo con activa participación ciudadana respecto a los alcances del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

En tal sentido, señaló que dicho tratado internacional tiene tres ejes principales como son: el derecho de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como el fortalecimiento de las capacidades en esa materia.

“Esperemos que se genere una mayor discusión sobre este tema a fin de tener mayores elementos que permitan comprender la importancia del Acuerdo de Escazú y así se pueda ratificar el acuerdo”, comentó, tras su participación en el conversatorio sobre ese tema realizado por la Vicepresidencia del Parlamento Andino Perú.

En ese marco, reiteró que el Acuerdo de Escazú promueve y defiende el derecho fundamental de las personas a vivir en un ambiente saludable, razón por la cual hizo un llamado a trabajar unidos en esa dirección para contribuir al beneficio de las futuras generaciones.

Asimismo, indicó que el Minam está comprometido con la protección de los defensores ambientales. En esa línea, destacó el rol de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA) del Minam que articula con las demás entidades involucradas en este asunto, así como la reciente publicación del Manual para la Protección de los Defensores Ambientales, el cual explica de manera sencilla y práctica los procedimientos para salvaguardar la integridad de dichas personas.

A ello se suma la implementación de una oficina de enlace del sector en Madre de Dios, donde hay altos índices de actividades ilícitas y amenazas a las personas defensoras de derechos humanos.