Conservación del ambiente y de nuestros recursos naturales es prioridad del Gobierno

Lima, 8 de marzo de 2022.- La Política General de Gobierno prioriza el componente ambiental en sus diferentes ejes estratégicos, a fin de asegurar el bienestar de la población e impulsar el desarrollo social y económico del país. Con esa visión, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, acompañado de su equipo ministerial, se presentó esta tarde ante el pleno del Congreso de la República para solicitar el voto de confianza.

Al hacer un recuento de los principales avances del Gobierno del Pueblo, destacó la creación de la Unidad de Delitos Ambientales (UNIDA), de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Agua, para prevenir daños en el ecosistema; y de la Oficina de Enlace del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en Cora Cora, Ayacucho.

Además, resaltó la aprobación del Registro Único de Infractores Ambientales sancionados por el OEFA y del Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas.

Respecto el derrame de petróleo de Repsol ocurrido el 15 de enero pasado, mencionó que el Gobierno declaró la emergencia ambiental la zona marino costera afectada por ese desastre ecológico. En esa misma línea, expresó que se ha denunciado a la citada empresa por el delito de contaminación ambiental y se vienen imponiendo las sanciones correspondientes.

Añadió que, como parte de la atención prioritaria en salud a las comunidades indígenas, se

Implementarán, entre otras intervenciones, el monitoreo a la exposición por metales pesados e hidrocarburos.

Dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, invocó al consenso entre todos los poderes para trabajar en la gestión del territorio de manera sostenible.

En el eje estratégico n.° 7 de la Política General de Gobierno, respecto a la gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno, se refirió al ecocidio causado por la Refinería La Pampilla. “Como Estado, nos corresponde hacer todo lo posible para que la empresa Repsol, responsable objetiva de estos hechos, repare y asuma los costos a nivel ambiental, social y económico”, aseveró.

En tal sentido, resaltó que, gracias a la gestión del Gobierno, dicha empresa asumirá la afectación económica a las y los pescadores artesanales y otros afectados. “Por eso, y dado que los procesos judiciales de este tipo pueden demorar demasiado, se otorgará un anticipo de la indemnización de hasta 3000 Soles, que beneficiará a más de cinco mil familias afectadas”, acotó.

Precisó que esta medida se suma a las acciones de fiscalización y sanción que ya se han realizado, así como el inicio de procedimientos administrativos sancionadores y la imposición de multas. Señaló que estas “continuarán hasta que la empresa asuma todas sus responsabilidades”.

En otro momento, indicó que el OEFA fiscalizará las 13 playas dañadas para garantizar la recuperación de nuestros ecosistemas. “Estamos trabajando para la reparación integral de los daños”, afirmó, para luego poner de relieve el apoyo de la ciudadanía en el rescate de la fauna silvestre gravemente dañada.

A fin de fortalecer la institucionalidad ambiental, indicó que el Gobierno presentará un proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, para mejorar las normas ante la ocurrencia de desastres ambientales, atender las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos y a la población afectada.

Agregó que próximamente se aprobará la Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos Ambientales y se consolidará un marco de protección para personas y comunidades que asumen la defensa y protección del ambiente; ello con un enfoque de derechos fundamentales. Asimismo, se continuará con los mega operativos contra la tala y minería ilegal, entre otros delitos.

El titular de la PCM manifestó que, en concordancia con la declaratoria de emergencia climática, se impulsará, con carácter de urgencia, acciones multisectoriales y territoriales sobre sectores prioritarios: agricultura, pesca y acuicultura, bosques, salud, transporte, educación, turismo, derechos humanos y justicia climática.

Para asegurar una adecuada calidad ambiental en el país -sostuvo- se actualizarán los Estándares de Calidad Ambiental y los Límites Máximos Permisibles para emisiones gaseosas y efluentes líquidos de las actividades extractivas como la minería e hidrocarburos.

Anunció la aprobación de un nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el objeto de armonizar el desarrollo de los proyectos de inversión con la protección ambiental.

Dijo que se priorizará la remediación de sitios contaminados por la actividad petrolera en las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en Loreto, para lo cual se ha destinado S/ 419 000 000, mediante la aprobación e implementación de los respectivos planes de rehabilitación.

En su exposición, expresó que, a más tardar, el próximo trimestre, presentará un proyecto de ley que regule las actividades de pequeña minería y minería artesanal, a fin de mejorar la gestión social y ambiental e impulsar, conforme a lo dispuesto por el Convenio de Minamata, la reducción y eliminación gradual del mercurio en esta actividad. “Debemos hacer todos los esfuerzos por proteger los territorios y particularmente la amazonia de la grave contaminación que este tipo de actividades generan”, remarcó.

En ese mismo orden de ideas, refirió que se ampliará la regulación para identificar y gestionar los pasivos ambientales, incluyendo por, primera vez, otras actividades aparte de las mineras y petroleras, como las industriales, químicas, pesqueras y del sector transportes, entre otras que actualmente no están reguladas por ley.

El ministro Aníbal Torres también incorporó en su mensaje los proyectos de bionegocios para nuestra Amazonía. En ese tema, destacó la puesta en marcha de dos ambiciosos proyectos. El primero, de $ 20 000 000 para financiar 6523 acciones que conservarán 22 230 hectáreas de bosques entre 2022 y 2026. El segundo proyecto, de unos € 6 000 000, financiará 860 modelos de negocios amigables con la biodiversidad.

En cuanto a la atención de los afectados por metales tóxicos, dijo que la aprobación del Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, es una primera medida urgente para atender a la ciudadanía afectada por las industrias extractivas y otras actividades contaminantes.

Dentro del eje 9: Conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada, se refirió a la participación peruana en la 26 Conferencia de Estados Parte (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la suscripción de la “Declaración de Glasgow sobre bosques y el uso de la tierra”, documento que nos permitirá trabajar en detener la deforestación e impulsar la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres.

Mencionó que, en el marco de la Presidencia de la Asociación Independiente de Países de América Latina y el Caribe (AILAC), se lanzó la Declaración “COP 26: un llamado a la verdadera ambición”, la cual insta a los países a garantizar que el incremento de la temperatura se mantenga por debajo de 1.5° grados Celsius.

En sus palabras de cierre, ratificó la prioridad del Gobierno por la conservación del ambiente. “No tenemos un marco normativo ambiental que evite la generación de los miles de pasivos ambientales y nos permita sancionar con oportunidad y contundencia”, acotó.