Minam promueve el acceso a la justicia ambiental como un derecho fundamental de la población peruana

El Ministerio del Ambiente (Minam) tiene entre sus ejes estratégicos de gestión la promoción del acceso a la justicia ambiental como un derecho fundamental que asiste a toda la población peruana, dijo el titular de dicho sector, Rubén Ramírez, quien sostuvo que con tal propósito hay importantes avances en el país.

En esa línea, destacó la creación -este año- de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales (UNIDA) “Bajo un enfoque preventivo propondrá las medidas para reducir la incidencia de delitos ambientales en el Perú”, acotó. Asimismo, señaló que, en el marco de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Reducción de Delitos Ambientales, en 2022 se aprobará la Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos Ambientales, “a fin de la proteger nuestro patrimonio natural, combatir como Estado el crimen organizado y garantizar los derechos de las personas defensoras ambientales”.

A dichas instancias se suma el primer Protocolo Sectorial para la protección de los Defensores Ambientales.

El titular del sector anunció que para 2022 se elaborará y publicará el Primer Informe Nacional sobre el Estado Situacional de las Personas Defensoras Ambientales, “a través de la cual se establecerán medidas para atacar los problemas estructurales que afectan la integridad y la vida de las personas que protegen nuestro ambiente”.

Entre otros avances en el campo de la justicia ambiental, resaltó que este año se aprobó el Plan Restauración de Lucha contra la Minería Ilegal en Madre de Dios, y los Instrumentos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de dicho plan. Añadió que para el siguiente año se tendrá el primer reporte sobre la implementación de dicho plan, con el fin de perfeccionar la intervención y lograr el objetivo común de erradicar la minería ilegal.

También puso de relieve que en 2021 se publicó, con apoyo de la UNIDA, la Metodología de Valoración Económica de Daños por Delitos Ambientales. “Esta herramienta permitirá a nuestra Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales cuantificar los costos de la reparación e indemnización para asegurar que aquellos que cometen estos delitos asuman los costos de restauración del ecosistema, inclusive. Su aprobación se dará próximamente para empezar su implementación en 2022”, expresó.