Ministra de la Mujer coordina con Servir la aprobación de una convocatoria CAS exclusivamente para personas con discapacidad

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, informó que viene trabajando con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) la aprobación de una convocatoria CAS en su sector destinada exclusivamente para personas con discapacidad, en razón a que los actuales concursos terminan siendo discriminatorios para dicha población en situación de vulnerabilidad.

En su presentación ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, la ministra explicó que el problema de la empleabilidad afecta de manera directa a las personas con discapacidad, debido a que ellas no compiten en igualdad de condiciones con personas que no tienen discapacidad.

“Cuando nosotros como sectores convocamos a un proceso CAS, Servir nos exige cumplir ciertos perfiles que terminan siendo discriminatorios respecto a las personas con discapacidad; por ejemplo, si en el perfil uno pone experiencia mínima de 3 años en sector público, las personas con discapacidad ya no pueden acceder a esa postulación”, afirmó, al tiempo de citar, a modo de ejemplo, que una barrera es el hecho de que en el país existe solo una escuela para personas sordas.

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que debido a esta situación, entre otras, aún es largo el camino para alcanzar la cuota del 5 % de trabajadores con discapacidad en las instituciones del Estado, razón por la cual urge seguir impulsando este tema.

“En realidad la brecha por cerrar aún es enorme. Yo me estoy reuniendo permanentemente con la sociedad civil, con diferentes organizaciones de personas con discapacidad. Vamos a conformar un grupo de trabajo para hacer un diagnóstico a nivel nacional en materia de accesibilidad, pero también estamos trabajando fuertemente el tema de empleabilidad”, indicó.

La ministra Dávila también pidió al Congreso de la República su apoyo para colocar en la agenda de la Comisión de Presupuesto el tema de la discapacidad, con la finalidad de que sea obligatorio el hecho de que los gobiernos regionales destinen el 1 % de su presupuesto a temas de discapacidad y que la Contraloría tenga todas las competencias para pedir cuentas a estas autoridades el destino de dichos recursos.