Comunicado frente a la violencia que afecta a las mujeres del Perú

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como ente rector de las políticas nacionales y sectoriales sobre derechos de las mujeres, así como de la prevención, protección y atención contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar y frente a los 56,271 casos de violencia ocurridos entre enero y abril, y los 67 casos de feminicidio a mayo del presente año atendidos en nuestros Centros Emergencia Mujer (CEM), expresa lo siguiente:

1. En el 2015 la Ley 30364 estableció que la erradicación de la violencia debe ser integral y multisectorial. Participan, los sectores de Justicia, Interior, Educación y Cultura, el Poder Judicial y el Ministerio Público; pero también los gobiernos regionales, provinciales y locales. Asimismo, el año 2018, el Estado declaró de interés nacional y prioridad pública a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que se tradujo en el incremento del presupuesto para atender esta problemática.

2. No obstante, a pesar de los esfuerzos desplegados por los tres niveles de gobierno, la violencia contra las mujeres no cesa. Ello se debe a que la solución no está únicamente en la disponibilidad de normas ni la ampliación y mejora de los servicios o sistemas, porque el problema es un fenómeno cultural y social, el machismo que genera desigualdad y discriminación. Es necesario un cambio sustancial en el modo como nos relacionamos hombres y mujeres para construir una sociedad donde ambos géneros gocen de iguales derechos y las mismas oportunidades.

3. Desde el MIMP trabajamos para erradicar los patrones socioculturales que “justifican y legitiman”la violencia contra las mujeres y el grupo familiar.Nos dirigimos a distintos grupos y espacios como las escuelas, las familias, los centros de estudio y de trabajo, los espacios públicos, las empresas, los medios de comunicación y las expresiones culturales.

4. Dichas intervenciones, resultan insuficientes si no se suman otras que pueden surgir de distintos actores políticos y sociales, así como de la ciudadanía en su conjunto. Por ello hacemos un llamado a:

4.1. Ministerio Público y Poder Judicial para que magistrados/as y operadores/as apliquen el enfoque de género al momento de investigar y sancionar los casos de feminicidios, tentativas de feminicidio y violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

4.2. Gobiernos regionales, provinciales y locales para que en sus respectivas jurisdicciones asuman el liderazgo de atender y prevenir la violencia contra las mujeres, no solo declarativamente sino asignando el presupuesto necesario para atender esta problemática.

4.3. Comunidades de Fe para que se comprometan firme y sostenidamente a rechazar el machismo en sus organizaciones; y denunciar todo tipo de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, fomentando una cultura de paz.

4.4. Empresariado para que protejan a sus trabajadoras víctimas de violencia, lo que mejorará la productividad laboral y disminuirá la rotación de personal. Además, para que asumiendo su responsabilidad social desarrollen proyectos de empoderamiento económico de mujeres afectadas por la violencia a través de su inserción laboral.

4.5. Las familias para que padres y madres enseñen a sus hijos e hijas los valores del respeto y la tolerancia, y desarrollen una crianza libre de violencia.

4.6. A la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar ante las Comisarías, Ministerio Público y Poder Judicial o recurrir a nuestros servicios de atención multidisciplinaria para recibir atención integral. Asimismo, a sumarse a la prevención formando parte de nuestras intervenciones preventivas a través de nuestros CEM a nivel nacional.

4.7. Finalmente, hacemos un llamado al sistema de justicia y la PNP, para que continúen capacitando a su personal en este importante rol, para actuar oportunamente y hacer justicia.