ONU Mujeres y Gobierno del Perú promueven estrategias para combatir el incremento de la violencia digital contra las mujeres
Nota de prensaPerú avanza en la lucha contra la violencia digital con normas que sancionan la difusión de contenido sexual no autorizado y tipifican el chantaje sexual como delito informático.
24 de setiembre de 2025 - 4:30 p. m.
El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), participó en una reunión de cooperación estratégica con Sarah Hendricks, directora ejecutiva adjunta encargada de Políticas, Programas, Sociedad Civil y Apoyo Intergubernamental de ONU Mujeres, con el fin de intercambiar experiencias y fortalecer estrategias de intervención y lucha contra la violencia digital hacia las mujeres.
La titular del sector y la representante de ONU Mujeres coincidieron en que, si bien en los últimos años la violencia digital se ha incrementado, constituye un reto para los países trabajar en mecanismos de prevención, así como en marcos normativos que regulen esta forma de violencia, caracterizada por la vulneración de derechos a través de las plataformas digitales.
En 2024, el Perú promovió el Decreto Legislativo N.° 1625, que modificó el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos para sancionar de manera más clara y contundente la difusión no autorizada de contenido sexual, incluso cuando es creado o manipulado digitalmente. Además, esta norma tipificó el chantaje sexual como delito informático. En 2025, mediante el Decreto Supremo N.° 002-2025-MIMP, se actualizó el Reglamento de la Ley N.° 30364, incorporando de manera explícita la violencia digital como una modalidad de violencia contra las mujeres.
Durante la sesión también se abordaron temas vinculados al liderazgo y la participación política, el empoderamiento económico, la gobernanza y la planificación nacional, la juventud y la igualdad de género, así como la problemática que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad.
La representante de ONU Mujeres destacó que el Perú cuente por primera vez con una presidenta mujer y expresó su reconocimiento al país por trabajar de manera articulada en el cierre de brechas, poniendo especial énfasis en la acción contra la violencia y el acoso político.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana Peña, abordó la necesidad de crear el Sistema Nacional de Cuidados, aspecto que ya viene siendo trabajado mediante el proyecto de ley que establece dicho sistema, con el fin de redistribuir las responsabilidades entre el Estado, las familias y las comunidades.
La titular del sector y la representante de ONU Mujeres coincidieron en que, si bien en los últimos años la violencia digital se ha incrementado, constituye un reto para los países trabajar en mecanismos de prevención, así como en marcos normativos que regulen esta forma de violencia, caracterizada por la vulneración de derechos a través de las plataformas digitales.
En 2024, el Perú promovió el Decreto Legislativo N.° 1625, que modificó el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos para sancionar de manera más clara y contundente la difusión no autorizada de contenido sexual, incluso cuando es creado o manipulado digitalmente. Además, esta norma tipificó el chantaje sexual como delito informático. En 2025, mediante el Decreto Supremo N.° 002-2025-MIMP, se actualizó el Reglamento de la Ley N.° 30364, incorporando de manera explícita la violencia digital como una modalidad de violencia contra las mujeres.
Durante la sesión también se abordaron temas vinculados al liderazgo y la participación política, el empoderamiento económico, la gobernanza y la planificación nacional, la juventud y la igualdad de género, así como la problemática que enfrentan mujeres y niñas con discapacidad.
La representante de ONU Mujeres destacó que el Perú cuente por primera vez con una presidenta mujer y expresó su reconocimiento al país por trabajar de manera articulada en el cierre de brechas, poniendo especial énfasis en la acción contra la violencia y el acoso político.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana Peña, abordó la necesidad de crear el Sistema Nacional de Cuidados, aspecto que ya viene siendo trabajado mediante el proyecto de ley que establece dicho sistema, con el fin de redistribuir las responsabilidades entre el Estado, las familias y las comunidades.