MIMP se reunió con organizaciones para desarrollar propuesta de modificación de la Ley de la Persona Adulta Mayor
Nota de prensaTitular del sector, destacó que esta iniciativa recoge las voces y experiencias de las propias personas adultas mayores para construir una norma inclusiva y acorde con el contexto actual del país.
12 de julio de 2025 - 9:52 a. m.
Con el objetivo de actualizar y fortalecer el marco legal vigente en favor de las personas adultas mayores, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó una jornada de diálogo con representantes de 31 organizaciones de personas adultas mayores de Lima Metropolitana y Callao, quienes aportaron propuestas a la iniciativa de modificación de la Ley N.º 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
Durante el evento que se llevó a cabo en el auditorio del INABIF, se socializó el proyecto normativo que busca adecuarse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Perú en 2021.
La propuesta incluye la creación de un sistema de gobernanza participativo, la mejora de los servicios de cuidado integral (como los cuidados domiciliarios y la teleasistencia) y el fortalecimiento del rol de los gobiernos locales a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
“Esta propuesta no solo busca actualizar la norma, sino asegurar que las personas adultas mayores vivan con autonomía, independencia y calidad de vida”, expresó la ministra Fanny Montellanos, al tiempo que valoró los aportes de la sociedad civil organizada: “Ninguna política debe construirse sin las poblaciones beneficiarias involucradas”, añadió.
La titular del MIMP sostuvo que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se presentó una propuesta para la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados que, desde los enfoques de curso de vida y corresponsabilidad, reconoce que todas las personas requerimos de cuidados, especialmente las poblaciones vulnerables, y ante ello, se requiere una distribución equitativa de la carga de trabajo que implican.
“Se fortalecerá la rectoría y gobernanza en materia de prevención, atención y protección de las personas adultas mayores, a través del MIMP en el ámbito nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, siendo que, en estos últimos se reforzará el rol de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) como unidades organizacionales”, manifestó.
Por su parte, el viceministro de Poblaciones Vulnerables Carlos Vilela Del Carpio, resaltó la urgencia de adecuar la normativa al actual contexto demográfico; más de 5.8 millones de personas en el país tienen 60 años o más, lo que representa el 14.3 % de la población nacional. “En menos de tres décadas, uno de cada cuatro peruanos será adulto mayor. Este proceso ya empezó y nos exige actuar con decisión y planificación”, señaló.
El MIMP informó que esta consulta forma parte de un proceso participativo iniciado el 9 de julio con entidades públicas, continuado el 10 con sectores del Ejecutivo, y que seguirá recogiendo aportes a nivel nacional para consolidar una propuesta de ley inclusiva, sostenible y construida desde los territorios.
La jornada concluyó con el reconocimiento a la activa participación de las personas adultas mayores, cuya experiencia y mirada enriquecen esta propuesta legislativa que refuerza la rectoría del Estado y su capacidad de respuesta frente a los desafíos del envejecimiento poblacional en el Perú.
Durante el evento que se llevó a cabo en el auditorio del INABIF, se socializó el proyecto normativo que busca adecuarse a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Perú en 2021.
La propuesta incluye la creación de un sistema de gobernanza participativo, la mejora de los servicios de cuidado integral (como los cuidados domiciliarios y la teleasistencia) y el fortalecimiento del rol de los gobiernos locales a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).
“Esta propuesta no solo busca actualizar la norma, sino asegurar que las personas adultas mayores vivan con autonomía, independencia y calidad de vida”, expresó la ministra Fanny Montellanos, al tiempo que valoró los aportes de la sociedad civil organizada: “Ninguna política debe construirse sin las poblaciones beneficiarias involucradas”, añadió.
La titular del MIMP sostuvo que desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se presentó una propuesta para la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados que, desde los enfoques de curso de vida y corresponsabilidad, reconoce que todas las personas requerimos de cuidados, especialmente las poblaciones vulnerables, y ante ello, se requiere una distribución equitativa de la carga de trabajo que implican.
“Se fortalecerá la rectoría y gobernanza en materia de prevención, atención y protección de las personas adultas mayores, a través del MIMP en el ámbito nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, siendo que, en estos últimos se reforzará el rol de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) como unidades organizacionales”, manifestó.
Por su parte, el viceministro de Poblaciones Vulnerables Carlos Vilela Del Carpio, resaltó la urgencia de adecuar la normativa al actual contexto demográfico; más de 5.8 millones de personas en el país tienen 60 años o más, lo que representa el 14.3 % de la población nacional. “En menos de tres décadas, uno de cada cuatro peruanos será adulto mayor. Este proceso ya empezó y nos exige actuar con decisión y planificación”, señaló.
El MIMP informó que esta consulta forma parte de un proceso participativo iniciado el 9 de julio con entidades públicas, continuado el 10 con sectores del Ejecutivo, y que seguirá recogiendo aportes a nivel nacional para consolidar una propuesta de ley inclusiva, sostenible y construida desde los territorios.
La jornada concluyó con el reconocimiento a la activa participación de las personas adultas mayores, cuya experiencia y mirada enriquecen esta propuesta legislativa que refuerza la rectoría del Estado y su capacidad de respuesta frente a los desafíos del envejecimiento poblacional en el Perú.