MIMP brinda servicios de protección social a más de siete mil personas en estado de vulnerabilidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en el marco de su rectoría sobre las Sociedades de Beneficencia, viene coordinando servicios de protección social, a favor de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad, en el Estado de Emergencia declarado por el Ejecutivo a fin de prevenir la propagación del coronavirus en el país.

Un total de 7 068 usuarios y usuarias son atendidos en los servicios de protección social, de los cuales 6 344 son personas adultas mayores (3 541 varones y 2 803 mujeres), a través de 71 comedores y 22 Centros de Atención Residencial; 660 son niños, niñas y adolescentes (549 niñas y 111 niños), a través de 17 Centros de Acogida Residencial y 64 son personas con discapacidad mental, a través de 4 Centros de Atención Residencial.

Asimismo, el MIMP continúa supervisando y brindando asistencia técnica a las sociedades de beneficencia, en diferentes materias como cobro de bono, pedido de apoyo alimentario, permisos de circulación, canalización de donaciones, entre otros servicios.

En este marco, se emitieron lineamientos donde se precisa que esto servicios son considerados como esenciales para la población, disponiéndose incluso la adecuación de un comedor (alimentarios) para la distribución directamente en las casas de las personas adultas mayores.

Las medidas de aislamiento social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia Nacional, que protegen la salud de la población, vienen afectando la dinámica económica de las Sociedades de Beneficencia, siendo que a la fecha han tenido que suspender sus actividades comerciales; sin embargo, a pesar de estas restricciones, continúan prestado sus servicios de protección social y protegiendo a los más necesitados.

Sociedades de Beneficencia al servicio de la población vulnerable

Las Sociedades de Beneficencias son personas jurídicas de derecho público interno, de ámbito local provincial, las cuales cuentan con autonomía administrativa, económica y financiera y tienen como finalidad prestar servicios de protección social de interés público en su ámbito local provincial, a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. Estos servicios de protección social se financian con los ingresos que generar sus actividades comerciales.