Gobierno publica decreto legislativo que endurece penalidades por chantaje sexual y difusión no autorizada de material digital

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, junto con el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, firmaron hoy el Decreto Legislativo N.º 1625, iniciativa de vital importancia para la protección de la privacidad y seguridad de las mujeres en el entorno digital.

La norma legal, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, introduce significativas modificaciones al Código Penal y a la Ley N.º 30096, Ley de Delitos Informáticos, con el objetivo de fortalecer el marco normativo en relación con la difusión no autorizada de contenido sexual a través de tecnologías digitales. Esta legislación busca proteger a las personas de las prácticas de chantaje sexual y la divulgación indebida de imágenes, materiales audiovisuales y audios con contenido sexual.

Entre las principales modificaciones, se incluye un incremento en las penas privativas de libertad y multas en casos donde la víctima sea menor de edad, o cuando el delito implique el uso de redes sociales u otros medios de difusión masiva. Las penas ahora varían desde dos hasta quince años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.

Además, se incorpora el artículo 5-A en la Ley N.º 30096 para abordar el chantaje sexual mediante tecnologías digitales. Este nuevo artículo estipula penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes utilicen imágenes o audios modificados digitalmente para extorsionar a una persona con fines sexuales. Las penas se elevan en los casos donde la víctima es menor de 18 años de edad, lo mismo ocurre si esta mantiene o mantuvo una relación de pareja con el agresor.

El Decreto Legislativo publicado adapta la legislación peruana a las realidades tecnológicas actuales y proporciona herramientas más eficaces para la protección de los derechos de las personas en el entorno digital. Con estas reformas, el gobierno reafirma su compromiso con la seguridad y la justicia para todas las personas, especialmente para aquellas más vulnerables.