“Es responsabilidad del Estado velar por los adultos mayores”

Así lo sostuvo durante la segunda mesa Experiencias de Sistemas de Protección Social para Adultos Mayores: Desarrollo de Redes Sociales de Protección al Adulto Mayor del viernes 31 de octubre; fecha dedicada el eje 5 de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Incluir para Crecer, eje Protección al Adulto Mayor.

En la mesa, Cotlear –economista principal del Departamento de Salud, Nutrición y Población del Banco Mundial y gerente del Programa Global de Cobertura Universal de Salud del Banco Mundial (Unico)– señaló que originalmente esta responsabilidad recaía en las familias, pero que “crecientemente, las sociedades hemos creado mecanismos por los cuales otorgamos estas responsabilidades al Estado”.

Explicó que en América Latina lo más común es que los hogares sean de familias extendidas que incluyen varias generaciones. Agregó que estos patrones de residencia cambian cuando los ingresos son altos.

Por su parte, Rayen Inglés –directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), en Chile– indicó que en términos de políticas públicas, la etapa de la vejez es la más larga del ciclo de vida, por lo que el Estado asume la responsabilidad de velar por aquellos que más lo necesitan.

En ese sentido, precisó que desde el gobierno de su país se decidió trabajar la vejez y el envejecimiento como un tema de derechos humanos, lo que significa que con la vejez no se pierden derechos sino se ganan. “Y el Estado tiene que generar las condiciones para facilitar la garantía de estos derechos”, precisó.

Inglés agregó que los derechos planteados van en dos líneas: la primera vinculada a la protección, el maltrato, el abuso y el abandono hacia las persona mayores; y la segunda vinculada a la promoción del capital social activo que representan las personas mayores.

A su turno, Martha Moquillaza, directora del programa Vida Digna del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de Perú, relató el trabajo que se viene realizando desde su institución, orientada básicamente a la población adulto mayor en situación precaria, sin vínculos familiares y que vive en la calle.

Apuntó que su labor se inicia con la restitución de derechos y que por ello lo primero que realizan es la identificación ciudadana a través del Documento Nacional de Identidad (DNI). Luego, inician la búsqueda de los posibles familiares y, si no los encuentran, establecen a aquellos adultos mayores en centros de acogida, donde se les otorga una vida digna y protección hasta el último día de sus vidas.

Minutos después, José Villalobos –director ejecutivo de Pensión 65– detalló que su institución funciona bajo cuatro componentes: identificación de los usuarios, afiliación y verificación de los mismos, pagaduría de la pensión propiamente dicha y articulación con los gobiernos locales y regionales.

Señaló que la cobertura de su programa ha llegado casi al 100% del territorio nacional, sobre todo en los distritos de extrema pobreza. Además, indicó que todos los usuarios de Pensión 65 cuentan con afiliación automática al Seguro Integral de Salud (SIS).

Luego, Luis Alberto Adauto –alcalde de Sepahua, distrito ubicado en la región Ucayali– informó sobre el fomento de políticas para adultos mayores que se realiza en su gestión y para lo cual articulan con el gobierno central. En la actualidad, Sepahua cuenta no solo con Pensión 65, sino también con los programas sociales Beca 18, Foncodes y Qali Warma.

Además –agregó el burgomaestre–, se está trabajando en la revaloración del adulto mayor a través del programa Saberes Productivos de Pensión 65, que consiste en el traspaso a niñas, niños y adolescentes de conocimientos y técnicas ancestrales en artesanía, caza, pesca, danza, canto y lengua nativa.

Finalmente, Pascual Aquituari –profesor y promotor de la lengua kukama-kukamiria– habló sobre el trabajo conjunto que vienen haciendo Pensión 65 y el Ministerio de Cultura con el fin de recuperar la lengua y la cultura de esta población indígena, la más grande de la Amazonía Peruana.

Lima, 31 de octubre de 2014

Oficina General de Comunicaciones

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

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