MEF reafirma su política de tolerancia cero a la corrupción y seguirá colaborando con investigaciones en el caso de la Municipalidad Distrital de La Victoria

Nota de Prensa

Oficina de Comunicaciones

28 de febrero de 2020 - 6:20 p. m.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reitera y reafirma su compromiso de plena colaboración con los fiscales del Ministerio Público a cargo de la investigación del caso “Intocables Ediles de La Victoria”, que comprende denuncias por la asignación irregular de recursos para obras de la Municipalidad Distrital de La Victoria, en el primer semestre del año 2017, respecto de lo cual este Ministerio expresa su total rechazo frente a cualquier acto de corrupción que pudieran haber cometido funcionarios o servidores de la entidad.

Desde el inicio de las investigaciones el MEF ha colaborado con las diligencias llevadas a cabo por los fiscales, así como con el requerimiento de información solicitada, colaboración que mantendrá para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.

El MEF lleva a cabo una gestión bajo los principios de eficiencia, integridad y tolerancia cero a la corrupción. Con ese objetivo, en agosto del año 2019 se adecuó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) creando, entre otros, la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos operativos, responsable de asesorar y conducir los procesos en materia de integridad y lucha contra la corrupción, gestión de riesgos operativos y gestión de riesgos de desastres a nivel sectorial.

El MEF viene tomando acciones para reforzar los mecanismos de transparencia y controles en las direcciones de línea de la institución, a fin de garantizar que las decisiones obedezcan estrictamente a criterios técnicos. Ante posibles denuncias sobre actuaciones en contra del uso correcto de recursos públicos involucrando a funcionarios y/o servidores del MEF, se iniciarán los procedimientos que correspondan ante las instancias competentes (Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, Sistema Nacional de Control y/o Procuraduría Pública), para la determinación de las responsabilidades y sanciones correspondientes de manera diligente y de conformidad con el debido proceso.