Comunicado

A pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas ha presentado un informe con observaciones técnicas y de impacto fiscal generada por la propuesta de Ley que “promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”, desde el Congreso se insiste en aprobar los beneficios tributarios allí contenidos, por lo que alertamos a la opinión pública lo siguiente:

- Solo un grupo reducido de empresas serían las beneficiarias. Se impulsa la aprobación de una propuesta que reduce la tasa de Impuesto a la Renta (IR) a 15% (que se aplica sobre la ganancia de las empresas), según se dice, para beneficiar a los pequeños productores agrarios; pero poco más de 500 empresas serían las únicas beneficiadas, principalmente las grandes agroexportadoras (el resto de empresas tienen la tasa de 15% hasta el 2030), que ya tuvieron este beneficio de un IR reducido por más de 20 años, y que actualmente están pagando 20% para retornar gradualmente a la tasa general.

- Este proyecto también propone una tasa reducida por 10 años más, además de otros beneficios. Solo por comprar y/o asociarse con pequeños productores agrarios, las grandes empresas gozarían de tasas reducidas, deducciones, entre otros beneficios tributarios, que son desproporcionales, pues también podrían beneficiar a cualquier persona jurídica.

- Los pequeños productores agropecuarios ya cuentan con todos los beneficios tributarios de la Ley General de Cooperativas, y no se encuentran afectas al pago de IR. Incluso, si fueran pequeñas empresas unipersonales podrían acogerse al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), y ubicándose en la categoría especial tampoco pagarían IR. Además, también podría acogerse al Régimen MYPE Tributario (RMT) y pagarían 10% de IR.

- El costo fiscal de la medida propuesta tendría un impacto sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Alertamos que este costo es de S/1 888 millones anuales, lo que implicaría, por ejemplo, dejar de recaudar un monto que equivale a 20,7%, del presupuesto de inversión en educación, a casi 13% del presupuesto de previsión social, y a 12% del presupuesto de orden público y seguridad, entre otros.

Expresamos nuestra preocupación respecto a estas iniciativas legislativas que, otorgan beneficios tributarios a las grandes empresas utilizando como argumento al pequeño productor agrario, debilitando la recaudación de ingresos públicos.