JNJ solicita información a la Fiscal de la Nación por liberación de detenidos en presunto búnker criminal en Ate
Nota de prensa• Comisión de Procedimientos Disciplinarios pidió explicaciones documentadas sobre fundamentos legales y diligencias realizadas.
7 de mayo de 2025 - 9:00 a. m.
En atención a la gravedad de los hechos, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de su Comisión de Procedimientos Disciplinarios, solicitó información detallada a la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en relación con la liberación de 16 ciudadanos venezolanos detenidos durante un operativo policial en un presunto búnker criminal ubicado en el distrito de Ate.
En ese sentido, la JNJ requirió al Ministerio Público precisiones documentadas respecto a los fundamentos jurídicos y la base legal que motivaron la liberación de los detenidos, así como un informe detallado sobre las diligencias fiscales realizadas antes y después de la intervención policial.
La solicitud también incluye el estado actual de las investigaciones vinculadas al caso, medida preventiva o cautelar, y cualquier otro elemento de relevancia que permita valorar de forma objetiva y transparente la actuación del Ministerio Público en este proceso.
La decisión de la JNJ responde a la preocupación generada por una posible omisión de procedimientos investigativos esenciales, lo que podría afectar la lucha contra la criminalidad organizada y la percepción de justicia en la ciudadanía.
En ese sentido, la JNJ requirió al Ministerio Público precisiones documentadas respecto a los fundamentos jurídicos y la base legal que motivaron la liberación de los detenidos, así como un informe detallado sobre las diligencias fiscales realizadas antes y después de la intervención policial.
La solicitud también incluye el estado actual de las investigaciones vinculadas al caso, medida preventiva o cautelar, y cualquier otro elemento de relevancia que permita valorar de forma objetiva y transparente la actuación del Ministerio Público en este proceso.
La decisión de la JNJ responde a la preocupación generada por una posible omisión de procedimientos investigativos esenciales, lo que podría afectar la lucha contra la criminalidad organizada y la percepción de justicia en la ciudadanía.
El organismo constitucional autónomo reitera que su accionar se enmarca en su mandato de supervisión y control disciplinario sobre fiscales y jueces, en salvaguarda de la integridad y eficiencia del sistema de justicia.