Amplían acceso de los internos de los penales a estudios de educación superior

NOTA DE PRENSA N° 595 – INPE-2023
En el diario oficial “El Peruano”, fue publicada la Ley N°31840 que tiene por objeto ampliar el acceso de los internos de los establecimientos penitenciarios a los estudios de educación superior, a través de programas especiales en la modalidad a distancia o no presencial, con la finalidad de coadyuvar a su resocialización.

Según la norma, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y el Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un plazo de 90 días calendario, diseñarán y aprobarán las características y requisitos de los programas especiales de educación superior conducentes a grado académico dirigidos a los internos en los penales.

Para tal efecto, los programas especiales en la modalidad a distancia o no presencial están exonerados de los requisitos de presencialidad establecidos en el artículo 47 de la Ley 30220, Ley Universitaria, o en el artículos 11 de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes.

Las universidades o los institutos y escuelas de educación superior pueden suscribir convenios de cooperación interinstitucional con el INPE, a fin de implementar los referidos programas especiales en los centros penitenciarios. El director del penal pondrá en conocimiento de los internos los convenios de cooperación con las instituciones educativas.

Los internos podrán solicitar al director del establecimiento penitenciario acceder a los programas especiales disponibles. La solicitud es remitida por el director a la Dirección de Tratamiento Penitenciario, la que evaluará su procedencia conforme a los criterios definidos en el reglamento correspondiente. La decisión favorable es comunicada a la institución educativa para que evalué su admisión.

El INPE, de conformidad con la norma vigente, establece las condiciones de seguridad para la implementación y la ejecución de los programas especiales a los que se refiere la presente ley.

El Poder Ejecutivo en un plazo de 90 días calendario, reglamentará lo establecido en la presente ley.