MINSA verifica avances de la estrategia de salud mental implementada por el INPE

NOTA DE PRENSA N° 513-2023-INPE
El Ministerio de Salud realizó una visita de verificación a la implementación de la “Estrategia Priorizada de Salud Mental para la Población Privada de Libertad”, que el INPE viene ejecutando en los penales de Lima y que atiende a internos e internas en actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental.

Como parte del trabajo colaborativo, de asistencia técnica y de evaluación personal, entre el INPE y el Minsa, la Dirección de Salud Mental del ministerio, ha realizado dos visitas de verificación a los penales Callao y Mujeres Chorrillos, para ver la implementación progresiva de la estrategia de acuerdo al documento técnico "Definiciones Operacionales y Criterios de Programación y de Medición de Avances del Programa Presupuestal 0131: Prevención y Control en Salud Mental".

La comitiva del Minsa estuvo liderada por la directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, July Caballero Peralta, quien recorrió la infraestructura habilitada, así como el flujo de atención.

Además, se reunió con el equipo penitenciario multidisciplinario para compartir logros, experiencias y retroalimentarlas. También, se tomaron acuerdos como el de incluir a la familia de los internos, como parte del tratamiento.

En el penal Callao se evaluó a 3400 internos, de los cuales salieron positivos 147, 95 fueron derivados al área de acogida (atención básica) y 52 para recibir atención integral, en el penal Mujeres Chorrillos se viene tamizando al 91% de 669 internas y cuyo servicio se ha extendido al penal Anexo Mujeres Chorrillos con una población penal de 448.

Además, la estrategia viene también siendo implementada en el penal Lurigancho

donde se viene tamizando de los 9063 a 3500, por lo que se detectó a 516 positivos.

El INPE a través de esta estrategia contribuye a mejorar la salud mental y condiciones de vida digna de las personas privadas de libertad con problemas de salud mental y/o psicosocial, sus familias y entorno penitenciario facilitándoles el acceso a los servicios de salud y a las acciones sanitarias de salud mental en el país en el marco de no discriminación y protección de estos grupos con suma urgencia, bajo un enfoque comunitario y de derechos humanos.