Crean grupo de trabajo que elaborará propuesta para la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030
Nota de prensaDe naturaleza temporal con 13 miembros y será presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
11 de diciembre de 2020 - 12:00 p. m.
NOTA DE PRENSA N° 1006 -2020-INPE
Mediante la Resolución Ministerial N° 0304-2020-JUS, ha sido creado el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objeto de elaborar la propuesta del Plan Estratégico Multisectorial para la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
Mediante la Resolución Ministerial N° 0304-2020-JUS, ha sido creado el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el objeto de elaborar la propuesta del Plan Estratégico Multisectorial para la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
El Grupo de Trabajo Multisectorial está conformado por un/a representante de cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Justicia y Derechos, quien lo preside, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Instituto Nacional Penitenciario, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.
Participan en calidad de invitados un/a representante del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
Este Grupo de Trabajo Multisectorial culminará sus funciones en la fecha de aprobación del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria 2020-2030.
El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional Penitenciaria al 2030, que tiene como objetivo principal que las personas privadas de su libertad cuenten con mejores condiciones de vida y mayores oportunidades, pues el propósito principal del sistema penitenciario es la resocialización de las personas que han cometido delitos y que, sin las mínimas condiciones de salud, aseo, educación, habitación, entre otros servicios, dicha meta se vea obstaculizada.