Autoridades penitenciarias implementan ambientes para abogados en la región norte

NOTA DE PRENSA Nº 755 -2020-INPE

Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) preocupados por la situación legal de los privados de la libertad y con la finalidad de garantizar la conectividad tanto a los internos e internas como a representantes legales y operadores de justicia, implementan salas para la defensa legal de la población penitenciaria en los penales de Tumbes, Piura y Varones Trujillo, a fin de retomar la asesoría jurídica de los/las abogados/as tras el levantamiento focalizado de la cuarentena en estas ciudades.

La implementación de salas de abogados/as beneficiaría a más de 10 000 personas privadas de la libertad entre procesados y sentenciados, 1 059 (penal de Tumbes), 3 769 (penal de Piura) y 5 174 (penal de Varones Trujillo) para agilizar las diligencias judiciales como beneficios penitenciarios (semilibertad y liberación condicional) gracias presidenciales (indultos humanitarios, indultos comunes y conmutaciones de pena), omisos a la atención alimentaria, entre otros.

Las salas de abogados/as vienen siendo instaladas respetando la distancia social y con micas de protección para evitar el contacto directo. La medida de bioseguridad para la visita del representante legal comprende el uso obligatorio de mascarillas, protector facial y lavados de manos.

Al ingreso del ambiente se ha previsto una zona de desinfección, la cual cuenta con zona de lavado de manos, gel desinfectante; además de la señalización de distancia entre personas, respetando los protocolos de bioseguridad establecidos por el MINSA y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). No estará permitida la entrevista si tiene síntomas asociados al virus o infección respiratoria.

Las salas de abogados/as que se vienen implementando desde principios de setiembre empezarán a funcionar cuando el Consejo Nacional Penitenciario dé las disposiciones para la atención legal de los internos.

El Instituto Nacional Penitenciario garantiza la debida defensa de la persona privada de la libertad especialmente en esta situación de pandemia y emergencia sanitaria nacional.