COMUNICADO N° 014-2019-INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en relación a la excarcelación del interno Rubén William Moreno Olivo, condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, hace de conocimiento a la opinión pública lo siguiente:

1. El actual Consejo Nacional Penitenciario asumió funciones desde el 6 de julio de 2019, y de inmediato han dispuesto las acciones complementarias a la denuncia presentada ante el Ministerio Público contra las personas responsables del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, al existir indicios razonables de la presunta comisión de hechos ilícitos. Asimismo, se han iniciado las acciones disciplinarias correspondientes en el ámbito administrativo y se les ha removido de sus cargos.
2. Con fecha 9 de julio de 2019, se ha dispuesto la remoción de la titular de la Dirección de Registro Penitenciario de la Sede Central, del subdirector de Registro Penitenciario de la Oficina Regional de Lima, y de las personas a cargo del Registro Penitenciario del penal Ancón I. Asimismo, en la fecha se ha dispuesto que la Procuraduría Pública del INPE proceda con ampliar la denuncia penal contra las personas que resulten responsables de la región Lima, así como las medidas administrativas disciplinarias correspondientes.
3. De otro lado, mediante Oficio N° 780-2019-INPE/01 y Oficio N° 782-2019-INPE/01, se ha solicitado a la Oficina de Control Institucional y a la Contraloría General de la República la realización de las acciones de control al sistema del registro penitenciario de nuestra entidad, con la finalidad de deslindar presuntos actos de corrupción y determinar el grado de transparencia, eficiencia y eficacia en las actividades del registro penitenciario.
4. Del mismo modo, mediante Memorando N° 599-2019-INPE/01 y Memorandos Múltiples N° 087-2019-INPE/01 y N° 088-2019-INPE/01 se ha dispuesto a la nueva directora de Registro Penitenciario y a los responsables de las Oficinas Regionales a escala nacional que cautelen la rigurosa aplicación de las actividades de registro penitenciario, en particular cuando se traten de excarcelaciones, así como generar alertas internas para prevenir libertades indebidas cuando se reciban mandatos judiciales incompletos o sin la documentación de respaldo respectiva, independientemente de las subsanaciones documentales que deban efectuar los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se debe verificar la existencia de información en registros no vigentes (sistema Kardex y otros), en cuyo caso deberá informar documentadamente sobre el personal responsable de tal acción y disponer la inmediata migración de dicha información al sistema vigente.
5. El Consejo Nacional Penitenciario continúa realizando una exhaustiva revisión de sus procedimientos internos para la adopción de las medidas correctivas necesarias, y garantizar la correcta aplicación de las normas establecidas en el marco legal vigente.