En la Región Sur Oriente del INPE 153 internos por omisión a la asistencia familiar serán beneficiados

Nota de Prensa
Esta medida busca un deshacinamiento responsable debido a que promueve el pago íntegro de la deuda.

15 de abril de 2020 - 4:57 p. m.

NOTA DE PRENSA N° 156 -2020-INPE

A fin de reducir el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios del país y evitar contagios del coronavirus, en el caso en particular de Cusco, Apurímac y Madre de Dios, 153 personas privadas de la libertad por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, serían beneficiados con el Decreto Legislativo N° 1459 publicado en el diario oficial El Peruano, que optimiza la aplicación de la conversión automática de su pena.

Existiendo a la fecha en los Establecimientos Penitenciarios de Cusco Varones 60; Cusco Mujeres 01; Abancay 20; Puerto Maldonado 36; Quillabamba 09 y Sicuani 14, lo que hace una población total de 153 ciudadanos registrados por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar comprendidos en la Región Sur Oriente del INPE.

La normativa anterior permitía que los sentenciados por omisión a la asistencia familiar puedan convertir su prisión efectiva por una alternativa a ésta siempre que cumplan con el pago íntegro de la reparación civil y la deuda alimenticia vigente; sin embargo, debían cumplir también una serie de requisitos como la presentación de antecedentes judiciales, el régimen de vida penitenciario, entre otros documentos establecidos en el Decreto Legislativo 1300.

Es por ello, que la aprobación de la presente norma constituye la optimización del procedimiento de conversión automática de la pena, respecto de los condenados por omisión a la asistencia familiar, dado a que ya no es necesario la presentación de documentos administrativos para solicitar la conversión de la pena ante el órgano jurisdiccional, y su evaluación está supeditada únicamente a la acreditación del pago de la reparación civil y la deuda alimenticia ante el juez. Asimismo, el Decreto Legislativo exime de la realización de la audiencia judicial que se exigía antes de la publicación de la norma.

Cabe mencionar que esta medida además de buscar un deshacinamiento responsable, promueve el pago íntegro de la deuda alimentaria y que impacte positivamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes que son afectados por este tipo de delito contra la familia, teniendo en cuenta que los condenados por el delito de omisión de asistencia familiar, representan el 3% de la población penitenciaria de los 2,200 existentes a nivel nacional.