Presidente del INPE brinda aportes ante Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal
Nota de prensa
16 de setiembre de 2025 - 6:24 p. m.
NOTA DE PRENSA N° 905-2025-INPE
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, asistió a la vigésima sesión ordinaria de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal del Congreso, en la que brindó sus aportes y observaciones a esa propuesta legal con el propósito de fortalecer el sistema penitenciario y promover la reinserción social de los privados de libertad.
Durante su participación, como miembro de esa comisión especial, señaló que su gestión está comprometida con el tratamiento y la seguridad penitenciaria en los centros de reclusión y lograr la resocialización del penado, como es el objetivo de la política del Estado.
Manifestó que la resocialización empezó con un concepto sociológico y es diferente a los términos reeducación o rehabilitación, porque la finalidad resocializadora está dirigida a las personas condenadas, mas no a las personas que reciben prisión preventiva, debido a que gozan de presunción de inocencia.
El funcionario penitenciario explicó que se han detectado reglamentos en el INPE que contravienen las normas y leyes, y puso como ejemplo el uso de celulares a funcionarios públicos dentro de un establecimiento penitenciario. Indicó que hay una ley expresa que lo prohíbe (Ley 29867, que incorpora diversos artículos al Código Penal relativos a la seguridad en los centros de detención o reclusión).
“Hay muchas cosas en el INPE que se han hecho por costumbre y no por respeto a la ley”, agregó.
La comisión que preside el congresista Alejandro Muñante Barrios tiene como objetivo revisar el código vigente y normas modificatorias para proponer la elaboración de un anteproyecto del Nuevo Código de Ejecución Penal que esté alineado con la Constitución y estándares internacionales de tratamiento penitenciario.
La referida comisión ha sostenido sesiones ordinarias donde ha recibido información y aportes de instituciones claves como el Ministerio Público, Poder Judicial, el Seguro Integral de Salud (SIS), Defensa Pública y Acceso a la Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros especialistas en la materia.
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, asistió a la vigésima sesión ordinaria de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal del Congreso, en la que brindó sus aportes y observaciones a esa propuesta legal con el propósito de fortalecer el sistema penitenciario y promover la reinserción social de los privados de libertad.
Durante su participación, como miembro de esa comisión especial, señaló que su gestión está comprometida con el tratamiento y la seguridad penitenciaria en los centros de reclusión y lograr la resocialización del penado, como es el objetivo de la política del Estado.
Manifestó que la resocialización empezó con un concepto sociológico y es diferente a los términos reeducación o rehabilitación, porque la finalidad resocializadora está dirigida a las personas condenadas, mas no a las personas que reciben prisión preventiva, debido a que gozan de presunción de inocencia.
El funcionario penitenciario explicó que se han detectado reglamentos en el INPE que contravienen las normas y leyes, y puso como ejemplo el uso de celulares a funcionarios públicos dentro de un establecimiento penitenciario. Indicó que hay una ley expresa que lo prohíbe (Ley 29867, que incorpora diversos artículos al Código Penal relativos a la seguridad en los centros de detención o reclusión).
“Hay muchas cosas en el INPE que se han hecho por costumbre y no por respeto a la ley”, agregó.
La comisión que preside el congresista Alejandro Muñante Barrios tiene como objetivo revisar el código vigente y normas modificatorias para proponer la elaboración de un anteproyecto del Nuevo Código de Ejecución Penal que esté alineado con la Constitución y estándares internacionales de tratamiento penitenciario.
La referida comisión ha sostenido sesiones ordinarias donde ha recibido información y aportes de instituciones claves como el Ministerio Público, Poder Judicial, el Seguro Integral de Salud (SIS), Defensa Pública y Acceso a la Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros especialistas en la materia.