Denuncia de actos de corrupción en las entidades públicas: ¿cómo se protege al denunciante?

El Estado peruano cuenta con reglas específicas para proteger a las personas que denuncian actos de corrupción dentro de las entidades públicas. Estas disposiciones están establecidas en el Decreto Supremo N.° 002-2020-JUS, que modifica el reglamento del Decreto Legislativo 1327. Su objetivo es asegurar que la identidad del denunciante se mantenga en reserva y evitar cualquier represalia.

La norma indica que toda información relacionada con una denuncia o una solicitud de protección es confidencial. Esto significa que no puede ser entregada a terceros, ni siquiera mediante un pedido de acceso a la información pública. La identidad del denunciante y los detalles de su caso se manejan de manera estrictamente reservada.

Además, ningún servidor público que participe en el proceso puede divulgar información sobre la denuncia o sobre quién la presentó. La identidad se mantiene protegida incluso durante un eventual procedimiento administrativo disciplinario. Las oficinas responsables, como la Secretaría Técnica, el Órgano de Control Institucional y la Procuraduría, tienen la obligación de resguardar esa información y actuar de oficio para evitar filtraciones.

La norma también señala que ni el titular de la entidad ni otros funcionarios pueden exigir conocer la identidad del denunciante. Si esto ocurre, la Oficina de Integridad Institucional o la máxima autoridad administrativa debe rechazar el pedido y comunicarlo al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría, según corresponda.

Finalmente, las entidades públicas deben contar con directivas internas que aseguren que las denuncias y solicitudes de protección se presenten directamente ante la Oficina de Integridad Institucional. Esto garantiza un canal seguro y reservado para quienes deciden reportar posibles actos de corrupción.