Pronunciamiento De La Presidenta De La República Sobre El Informe Final De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos

Señoras y señores periodistas, buenas tardes, muchas gracias por su presencia:

Como es de conocimiento público, esta mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe final en torno a la situación de las protestas sociales ocurridas recientemente en nuestro país.

El Consejo de Ministros, como todos los miércoles ha abordado diversos temas en el Consejo de Ministros sobre la marcha del país. También ha hecho una evaluación preliminar del informe, por el respeto y el alto valor que le da nuestro Gobierno a la comisión y a las instituciones que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo primero que quiero decir, es que nuestro Gobierno legítimo, constitucional y democrático, siempre se ha planteado un trabajo transparente, poniendo por delante las necesidades de la población peruana, para atender y resolver las demandas, en el marco de la lucha frontal contra la corrupción.

En el Perú somos respetuosos de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica, que está consagrada en nuestra Constitución. 

Asimismo, el Estado peruano respeta sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, que son, para nosotros, pilares fundamentales de todo sistema democrático.

Por ello, apenas se iniciaron las protestas, cursamos una invitación a la comisión para que realice visitas al Perú. Esta se realizó del 20 al 22 de diciembre del 2022. La misión sostuvo reuniones con autoridades y organizaciones para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas.

La segunda visita de trabajo se realizó del 11 al 13 de enero, oportunidad en la que los recibí personalmente aquí en Palacio de Gobierno, y también hubo reuniones con el premier, los ministros y autoridades de diferentes instituciones, así como con las familias afectadas. 

En esta segunda visita, la misión de la CIDH se trasladó a las ciudades de Juliaca, Ayacucho, Cusco, Ica y Arequipa, a fin de observar y conocer directamente la situación.Para esta movilización, nosotros el Gobierno brindó todas las facilidades del caso. 

Como Gobierno y entregado la información necesaria a la misión tal como lo hicimos en su momento con el representante del comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Respecto al informe, saludamos que la comisión haya establecido claramente que el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento jurídico al dar un golpe de Estado, atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales en el sistema interamericano. 

Esa transgresión al Estado de derecho requirió de una respuesta rápida e inmediata por parte de las autoridades nacionales que, actuando en defensa de la democracia y del Estado de Derecho, hicieron posible el restablecimiento del orden constitucional. Este hecho, que está en el origen de los sucesos ocurridos en nuestro país, es recogido explícitamente en el informe que hoy lo hayan presentado. 

La comisión también ha rechazado el exceso de quienes protestaron de manera violenta, destruyendo bienes públicos y privados; toma de aeropuertos; incendios a sedes de la administración de justicia y comisarías; bloqueos de carreteras, que dejó pueblos aislados, obstaculizó el paso de ambulancias y, como consecuencia de ello, la muerte de compatriotas, asimismo, impidió el traslado de alimentos, entre otras graves consecuencias a la vida y salud de las peruanas y los peruanos.

La comisión ha reconocido que el Estado peruano tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales.

Asimismo, reconoce la apertura al diálogo y los actos del Ejecutivo, sobre todo, en las regiones del sur. El país es testigo de los esfuerzos que hizo nuestro gobierno no solo para evitar una escalada de violencia, sino para promover el diálogo, la paz social, y atender las justas demandas de nuestra población.

Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como es la comisión. 

De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de “masacre”, aun cuando se mencione de manera condicional, en los hechos ocurridos durante las protestas.

El Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas ocurrida en el marco de las protestas y los actos vandálicos. Lo he señalado en numerosas oportunidades y lo reitero hoy día. Es triste haber perdido la vida de los compatriotas. 

Somos conscientes de la importancia de conocer lo sucedido y evitar que actos similares vuelvan a ocurrir. 

En ese interés de conocer la verdad, se atendió la solicitud de la Fiscalía de contar con presupuesto adicional que le permita llevar a cabo su trabajo con mayor celeridad. El Ministerio Público, actuando de manera independiente, ha conformado un Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, con competencia nacional, el mismo que cuenta con el apoyo técnico de las Naciones Unidas.

En un Estado de derecho y en una democracia, son los organismos de administración de justicia los encargados de investigar y determinar la verdad. 

Por ello, saludo a las instituciones tutelares del Estado que vienen cumpliendo sus labores con autonomía e independencia, que nosotros respetamos y respetaremos, sin injerencias de ningún tipo.

Es muy importante también que las investigaciones avancen con celeridad y con objetividad y que se determinen las responsabilidades que hubiese de acuerdo a ley.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad.

En uno de los párrafos del informe se dice que el debate público tiene una fuerte estigmatización por factores étnicos raciales y regionales. 

Esta presidenta, que es apurimeña, que es del sur del país, en reiteradas veces ha señalado su firme respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, nuestras costumbres, nuestra identidad, de los amazónicos, los andinos, los afro peruanos. En este Gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de religión, ni de origen, ni de otra índole. Para Dina y para el Gobierno, todas y todos somos hermanas y hermanos. Somos descendientes de Manco Capac y Mama Ocllo, de aquel imperio inca. 

Hemos hecho una clara distinción entre quienes generaron los actos violentos, de aquellos que protestaron de manera pacífica. 

El problema del racismo y la discriminación es tan antiguo, y no justifica los hechos de violencia que hemos sufrido millones de peruanos.

Desde el primer minuto que asumimos el gobierno no hemos tenido ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Hemos llamado a la unidad, la paz, la concordia y nos hemos dedicado a unir al Perú en un solo corazón.

Ratifico que nuestro gobierno continuará en su esfuerzo de afianzar la democracia con todas y todos los peruanos, poniendo en el centro a la persona humana.

Sobre las recomendaciones de la CIDH, es importante mencionar que nuestro Gobierno ya ha venido implementando un conjunto de acciones, incluso, desde antes que se realicen las investigaciones, y que el propio informe lo reconoce.

Se creó una Comisión Multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de todos los deudos de las personas fallecidas, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad. Está integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, del Seguro Integral de Salud.

Finalmente, quiero agradecer al pueblo peruano, a las instituciones, las autoridades, las fuerzas políticas y sociales, la sociedad civil, el sector privado, por el compromiso con el Perú y abrazar con interés las necesidades del pueblo peruano pero, sobre todo, la atención a los más vulnerables, por el apoyo en la construcción del diálogo, la paz y la tranquilidad.

Como presidenta de la República, saludo a la CIDH por atender nuestra invitación y la realización del informe que hoy han presentado. Como gobierno, las recomendaciones las evaluaremos y, conforme a nuestro marco constitucional y legal, los atenderemos.