Comunicado N° 003-2022

• La actual gestión en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), prioriza el cumplimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, en conformidad con la Constitución, el Convenio 169 (artículo 20 y 21); y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sin excepción y sin limitaciones en todos ámbitos de intervención de la entidad.
• Los pueblos originarios históricamente han vivido excluidos de la Política Nacional del Estado y han existido dificultades estatales para lograr entender las necesidades y derechos de estos pueblos y la atención de sus propias prioridades de acuerdo a su cultura y cosmovisión. Según con el III Censo de Comunidades Nativas (INEI, 2017), en las 2,703 comunidades existentes, se registró una población de 418,364 personas. Estas comunidades declararon pertenecer a 44 pueblos indígenas u originarios, ubicados en el ámbito de la selva y ceja de selva de 11 departamentos.
• Con relación a los impactos del Tráfico Ilícito de Drogas (TID), según el Reporte de Monitoreo de superficie cultivada de hoja de coca, Devida reporta un total de 5,891 hectáreas de coca en producción presentes en comunidades nativas, ubicadas en las 14 zonas que conforman la superficie cocalera nacional. La entidad realiza el monitoreo en un total de 193 comunidades nativas, en donde se distribuye un total de 15 pueblos indígenas: Kichwa, Kukama Kukamiria, Asheninka, Harakbut, Iskonawa, Muruio-Muinani, Secoya, Ticuna, Yanesha, Ashaninka, Shipibo-Konibo, Awajún, Kakataibo, Matsigenka y Asháninka. Los líderes comunales y sus familias que habitan en estos territorios se sienten indefensos o vulnerables por la falta de seguridad territorial pues han sufrido amenazas o en otros casos, han sido asesinados en las regiones de Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios. Más de 14 indígenas fueron asesinados en la Amazonia desde el año 2013.
• Por ello, Devida tiene el compromiso y se respondió dentro de la articulación interinstitucional del Estado ante las amenazas que representa el narcotráfico para la integridad de los pueblos indígenas u originarios y la seguridad jurídica integral. La entidad también es parte del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, creado a través del DS N° 004-2021-JUS. En ese marco, el titular de Devida participó en la conformación de la Mesa Regional de Ucayali para abordar la problemática de las Personas Defensores de Derechos Humanos de las Comunidades Nativas de la región Ucayali y Huánuco.
• Adicionalmente, ampliando nuestras propias funciones, hemos realizado acciones necesarias para asegurar el territorio comunal a través de la georreferenciación, a fin de identificar posibles zonas de cultivos ilícitos.
• La presente gestión de Devida viene promoviendo el Pacto Social Ciudadano como un compromiso construido entre el Estado y la Sociedad Civil de la región Andino – Amazónica; con derechos y deberes recíprocos, prioritariamente con los pueblos originarios y los productores agrarios, a fin de que estos reduzcan voluntariamente los cultivos de coca con fines ilícitos a cambio de servicios oportunos de parte del Estado, en el marco de la actual Política Nacional Contra las Drogas al 2030. Este pacto focalizará la disminución de cultivos de coca con fines ilícitos de manera gradual y sostenible, potenciará la seguridad sistémica territorial y procurará el cambio hacia un régimen de control más efectivo de la producción, acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca legal.
• A fin de seguir fortaleciendo este trabajo, el presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón viajó al sur y centro de los Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), y continuando con esta labor, el titular de la entidad viajará a la zona norte del Vraem para reunirse con los líderes de los pueblos indígenas y participar en actividades que impulsan el desarrollo alternativo, integral y sostenible.

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