Acuicultura en el Vraem impulsa seguridad alimentaria, ingresos familiares y desarrollo sostenible

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), fortaleció la cadena productiva de la acuicultura durante el 2025, promoviendo la participación de 866 familias de 34 distritos en las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica, con acciones que mejoran la seguridad alimentaria y generan oportunidades económicas sostenibles en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

En el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030, Devida entregó 526 toneladas de alimento balanceado para productores de trucha y paco y brindó asistencia técnica especializada en crianza, alimentación, cosecha, gestión, sanidad acuícola y comercialización. Estas intervenciones han fortalecido capacidades productivas llegando a más de 600 toneladas de carne de pescado, inyectando alrededor de 8.5 millones de soles a las familias que ha dinamizado las economías locales, impulsando la acuicultura como una actividad rentable y sostenible.

La capacitación y acompañamiento técnico de profesionales, incluyeron temas como manejo de agua, mantenimiento de estanques, alimentación eficiente, prevención de enfermedades y técnicas de cosecha que aseguran productos de alta calidad. Con ello, las familias acuícolas mejoran su producción y su posicionamiento en mercados cercanos, contribuyendo a elevar sus ingresos y a diversificar sus fuentes de subsistencia.

La acuicultura contribuye a la seguridad alimentaria familiar y comunitaria y fortalece la organización y la articulación entre productores, posibilitando mejores prácticas de comercialización y una mayor oferta de productos hidrobiológicos en el mercado local, regional y nacional.

Con estos resultados, Devida reafirma su compromiso con la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del Vraem y la generación de ingresos económicos lícitos y sostenibles, mediante el fortalecimiento de la acuicultura como una alternativa productiva rentable.

Estas acciones reemplazan la dependencia de la producción de coca, promoviendo economías legales que hoy permiten a las familias mejorar su calidad de vida, fortalecer su autonomía económica y construir un desarrollo sostenible en sus comunidades.