Convenio entre Devida y Gobierno Regional de Amazonas fortalece cadenas productivas para familias del desarrollo alternativo

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y el Gobierno Regional de Amazonas suscribieron un convenio marco de cooperación institucional por tres años. El acuerdo tiene como finalidad implementar iniciativas orientadas a fortalecer cadenas productivas sostenibles en beneficio de las familias que decidieron por una vida lícita.

La articulación permitirá el desarrollo de proyectos bajo la modalidad Procompite, a fin de mejorar la competitividad de organizaciones productoras en café, cacao y turismo, tres sectores claves en la región. Esta intervención forma parte del enfoque integral del Desarrollo Alternativo, promovido por Devida, para ofrecer oportunidades económicas reales a las comunidades expuestas al narcotráfico.

En el marco del convenio, se realizó el taller “Promoción e implementación de Procompite y Obras por Impuestos”, donde participaron autoridades regionales, representantes de los gobiernos locales de Utcubamba, Chachapoyas, Luya, Ocumal, Imaza y Providencia, así como organizaciones productoras como la Mesa Técnica del Café, Aproccurma, Aroma Campo Café, Agropecuarios de Campo y Alta Montaña.

Los participantes identificaron propuestas de inversión en infraestructura y asistencia técnica que permitirán consolidar una economía rural competitiva, mejorar la calidad del grano de café y abrir nuevas rutas para el turismo rural comunitario.

Devida, a través de su Oficina Zonal Jaén, lidera por primera vez una intervención en la región Amazonas. Este año, la entidad acompaña el desarrollo productivo en 10 distritos de las provincias de Condorcanqui, Bagua, Utcubamba y Luya, beneficiando a familias que decidieron dejar atrás los cultivos ilegales y construir un futuro desde la formalidad.

El representante de Devida en Jaén, sostuvo reuniones con autoridades como la vicegobernadora regional Leyda Rimarachín, el jefe de la Región Policial Amazonas, Gral. PNP Carlos Roque Palomino, y representantes del Ministerio Público, con el objetivo de asegurar un trabajo articulado que priorice la protección de las comunidades frente a las economías ilegales.