Devida y Central de Café y Cacao firman convenio para impulsar desarrollo de familias caficultoras

En un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de las familias productoras de café en zonas en estado de vulnerabilidad al narcotráfico, Devida y la Central de Café y Cacao firmaron un convenio que refuerza su compromiso de promover alternativas económicas sostenibles. A través del cultivo de café, ambas instituciones buscan crear oportunidades que permitan a las comunidades alejarse de los cultivos ilícitos.

Este acuerdo tiene como objetivo identificar nuevas oportunidades de exportación para los productos del desarrollo alternativo, fortaleciendo la competitividad de pequeños y medianos productores en el mercado internacional. "Este convenio brindará soporte a los caficultores en las zonas de intervención de Devida, mejorando la calidad de sus cultivos y aumentando su productividad", señaló el titular de entidad, Carlos Figueroa Henostroza.

Actualmente, Devida apoya a 88 organizaciones cafetaleras, de las cuales 20 ya exportan a diversos mercados como Europa, Asía y Norteamérica, lo que evidencia el impacto positivo en el fortalecimiento de las capacidades comerciales de los productores del desarrollo alternativo.

Por su parte, el gerente general de la Central de Café y Cacao, Geni Fundes destacó que esto fortalecerá la alianza entre ambas instituciones y permitirá el desarrollo de nuevos productos y servicios para impulsar la cadena de valor del café. Fundes reafirmó el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias productoras y señaló que transmitirá este importante avance al consejo directivo de la Central.

"Cuando los agricultores ven los resultados de su esfuerzo, se genera una transformación sostenible que impacta no solo en su economía, sino también en su calidad de vida", concluyó Figueroa Henostroza, enfatizando la importancia de continuar impulsando este tipo de alianzas estratégicas.

Durante la firma del convenio, el presidente resaltó la importancia de generar alternativas productivas para combatir el narcotráfico, que representa un modelo de negocio que afecta profundamente a las comunidades.

El convenio también se alinea con la Política Nacional contra las Drogas 2030, un enfoque multisectorial que busca reducir los cultivos ilícitos mediante la promoción de alternativas económicas viables y sostenibles para las comunidades más afectadas por el narcotráfico.