Defensoría del Pueblo pide dejar sin efecto decisión de UPE que dispuso custodia de adolescente awajún en manos de la abuela

La Defensoría del Pueblo expresa su rechazo frente a la decisión de la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) de disponer el cuidado de un adolescente indígena, en situación de vulnerabilidad, a su abuela, quien registra múltiples denuncias por violencia en su contra.

Se trata de un adolescente, procedente de una comunidad nativa de la provincia de Bagua (Amazonas), quien fue atendido en un instituto de salud de Lima, por presentar enfermedades de consideración para su salud y que posteriormente fue referido a un establecimiento de salud de Bagua, para continuar con el tratamiento correspondiente.

Al respecto, pese al delicado estado de su salud, genera gran preocupación la decisión de la Unidad de Protección Especial -UPE- del Mimp de otorgar su acogimiento a la abuela, ante la ausencia de su madre, pese a que en dicha pariente recaen denuncias policiales en agravio de su nieto, presentadas el 26 de diciembre de 2023 en Bagua, por violencia física, y el 17 de mayo último, en la ciudad de Lima, por violencia psicológica.

Para la Defensoría del Pueblo, esta decisión pone en grave riesgo la vida e integridad del referido menor de edad y lo expone a una situación de mayor vulnerabilidad, dado que su atención y cuidado, que son de prioridad, queda a cargo de quien continúa siendo su presunta agresora. A ello, se suma la afectación de su salud por las graves enfermedades crónicas que presenta, las barreras económicas, y culturales, así como la brecha de servicios de salud que enfrenta en su contexto indígena.

Por la situación expuesta, nuestra entidad ha cursado un oficio a la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Mimp, solicitando que se disponga una reevaluación inmediata de la medida dispuesta por la UPE. Asimismo, se le recuerda que toda decisión respecto a la situación de niñas, niños y adolescentes deben tener en cuenta el principio del interés superior del niño, así como los enfoques de interculturalidad e interseccionalidad; aparte de precisar la responsabilidad del Estado de garantizar protección especial al mencionado adolescente. Además, se ha pedido que se instruya al personal de la UPE para que deba evaluar exhaustivamente la información sobre antecedentes y conductas de los progenitores u otros cuidadores, antes de tomar decisiones respecto a medidas de protección de todo niño, niña o adolescente sin cuidados parentales.

De otro lado, cabe precisar, que la Defensoría del Pueblo desde sus respectivas competencias interviene en los casos de presuntos actos de violencia sexual contra estudiantes indígenas amazónicas de las comunidades nativas ubicadas en las provincias de Bagua y en Condorcanqui.

Por ello, consideramos pertinente recordar que la violencia sexual contra estudiantes indígenas repercute gravemente en su dignidad humana y en el pleno ejercicio de sus derechos a la integridad, salud física y mental, protección especial y educación, entre otros; además de generar daños emocionales y exponerles a infecciones de transmisión sexual y embarazos a temprana edad, comprometiendo seriamente su vida y desarrollo integral.

Frente a esta situación, que afecta gravemente los derechos de escolares indígenas, la Defensoría del Pueblo demanda una intervención inmediata del Ministerio de Cultura para que, en su calidad de órgano rector en materia de interculturalidad, lidere y articule de manera urgente la atención de esta problemática, con la participación de los ministerios de Salud, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros, así como del gobierno regional y gobiernos locales involucrados.