Defensoría del Pueblo advierte condiciones de trato inhumano a personas detenidas en carceletas de Diviac y Dirincri

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Defensoría del Pueblo dirigió una supervisión a las carceletas que se encuentran administradas actualmente por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en las que pudo advertir distintas condiciones de detención contrarias al principio de trato humano que debe brindarse a las personas que se encuentran privadas de la libertad, al margen de los delitos que se les atribuyan.

Un ejemplo de lo advertido fue la carceleta de la Diviac, ubicada en la avenida España, en Lima. Durante la supervisión se evidenció la presencia de 33 personas detenidas que estaban distribuidas en 18 celdas unipersonales. La falta de celdas originaba que 15 detenidos pernoctaran en el piso, al no tener espacios adecuados para hacerlo. A ello debe agregarse que más de la mitad de las personas detenidas se encontraba con mandatos judiciales vencidos, incluso algunos tenían más de 60 días detenidos, pese a que el plazo máximo legal permitido es 15 días.

Uno de dichos casos fue el de un detenido con presunto diagnóstico de parálisis cerebral; sin embargo, al momento de la supervisión no había recibido atención médica y su mandato de detención había vencido un mes atrás. Pese a ello, el Poder Judicial no resolvía su situación jurídica, por lo que era asistido íntegramente por su compañero de celda.

Otra situación crítica fue la que se advirtió en las carceletas de la Dirincri, también ubicadas en la sede de la avenida España. Durante la supervisión se evidenció la presencia de 105 personas detenidas, de las cuales más del 80 % tenían mandatos judiciales vencidos. A ello se suma que, pese a tratarse de un número considerable de detenidos, dichas personas permanecían en celdas que no contaban con camas ni aforos establecidos, lo que originaba que los detenidos tuvieran que dormir sobre frazadas. Además, el espacio carecía de lavaderos y duchas, solo contaba con un inodoro que se encontraba en condiciones antihigiénicas.

Frente a esta realidad, la Defensoría del Pueblo ha dirigido recomendaciones a distintas instituciones, entre las que se encuentran principalmente el Poder Judicial, al que se ha exhortado a disponer medidas que permitan regularizar con urgencia la condición legal de las personas detenidas. Asimismo, se ha exhortado al Ministerio del Interior a que disponga el presupuesto que requiere la Policía Nacional para implementar centros de detención de conformidad con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

Así lo expresó Piero Villena, director del MNPT, quien advirtió que las celdas supervisadas tampoco cuentan con vías de acceso para personas con discapacidad. “Estas personas permanecen durante todo el día al interior de sus celdas, no tienen contacto con el mundo exterior y la alimentación y artículos de aseo personal son proporcionados por familiares, ya que la Policía Nacional no tiene destinado presupuesto para ello, pese a que, por principio de trato humano, toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente”, refirió.

El representante de la institución advirtió también que, tras las evidencias de falta de habitabilidad, higiene y salubridad recogidas, el Estado estaría vulnerando sistemáticamente derechos fundamentales de los detenidos y estaría yendo en contra de lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos que el Perú ha suscrito y ratificado. “Dichos instrumentos establecen la obligación de que toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente a todo ser humano”, precisó.

Los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones se encuentran en el Informe Especial 01-2024-DP-DMNPT, que puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-especial-01-2024-dp-dmnpt/