Defensoría del Pueblo recuerda al Ejecutivo que está pendiente la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de metas y objetivos en materia

La Defensoría del Pueblo recuerda al Congreso de la República requerir a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio del Interior rendir cuentas de las medidas que se vienen adoptando para el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en materia de trata de Personas en atención, prevención y sanción, que por más de cinco años no se ha realizado.

En efecto, la Ley n.º 29918, Ley que declara el día 23 de setiembre de cada año como el Día Nacional Contra la Trata de Personas, establece la obligatoriedad para que las referidas instituciones rindan cuentas sobre los avances evidenciados en el extinto Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017- 2021 y los avances en la implementación de la actual Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de Explotación al 2030.

En diversas oportunidades la Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación institucional por el escaso presupuesto destinado para la atención a la problemática de trata de personas en el país. De acuerdo al VIII Informe Alternativo: Balance de la sociedad civil sobre la situación de la trata de personas en el Perú 2020-2021 (2022)[1], el presupuesto asignado constituyó el S/ 0.12 por ciudadano, situación que dificulta la ejecución de la política nacional sobre la temática.

Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, de enero a junio de 2023, se registraron un total de 197 casos de trata de personas, de las cuales el 92.4 % fueron mujeres, captadas principalmente con fines de explotación sexual (48,7%) y laboral (13,7%); siendo la principal forma de captación, las falsas ofertas laborales (44,2 %); cabe señalar, que el (48.7%) de los casos corresponden a niñas, niños y adolescentes.

El Observatorio también identifica que las regiones de Lima (725), Lambayeque (87), Cusco (86) y Huánuco (66), presentan un elevado número de casos; por lo que, la Defensoría del Pueblo exhorta a los gobiernos regionales y locales impulsar acciones preventivas y de sensibilización, a fin de identificar de forma temprana el delito y establecer una cultura de denuncia. Así como, la formulación y aprobación de planes y acciones alineados a la “Política Nacional frente a la Trata de Personas y otras formas de Explotación al 2030”.

Por otro lado, según data registrada en el Programa Aurora, de enero a agosto de 2023, se han reportado 82 víctimas de trata de personas, de las cuales 52 fueron personas menores de edad (51 niñas y adolescentes, y 1 niño) y 30 mujeres adultas, lo que muestra que la mayoría de los casos (el 63.4%) afectan a la niñez y adolescencia. Esta situación evidencia la gran incidencia del delito en estos estos grupos poblacionales que merece respuesta efectiva por parte del Estado

En relación a las cifras sobre denuncias reportadas por el Ministerio Público, de enero a julio del presente año las víctimas de trata de personas en total ascendieron a 735, de las cuales 454 fueron nacionales, 135 fueron extranjeras y 146 faltan identificar. Respecto, al número de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, para el año 2021 se registraron 72, mientras que para el año 2022, fueron 76.

Con relación a lo expuesto, la institución saluda la reciente actualización del “Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del delito y la protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas”, que recoge los enfoques de derechos humanos, niñez, interculturalidad, género e interseccionalidad. Asimismo, se resalta la incorporación del enfoque centrado en la víctima, que prioriza sus necesidades y preocupaciones y la hace partícipe del proceso penal a fin de evitar su revictimización y busca disminuir la repetición del trauma. Así también, actualiza y detalla las actuaciones de las instituciones del Estado con responsabilidad en la protección, atención y reintegración de las víctimas y la persecución, prevención y sanción del delito.

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo se recuerda los canales de atención y denuncia contra este delito como la Línea 1818, del Ministerio del Interior; la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así mismo, desde la Defensoría del Pueblo, nos mantendremos vigilantes a la actuación de estas instituciones, a fin de contribuir, en el marco de nuestras competencias, con la protección de las víctimas, así como la investigación y sanción de este ilícito.

[1] Elaborado por CHS Alternativo. Capital Humano y Social. Disponible en: https://chsalternativo.org/publicaciones/viii-informe-alternativo-balance-de-la-sociedad-civil-sobre-la-situacion-de-la-trata-de-personas-en-el-peru-2020-2021/