Defensoría del Pueblo pide a GORE Moquegua adoptar de manera urgente medidas de mitigación y respuesta ante incremento de lluvias intensas

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Moquegua requirió al Gobierno Regional adoptar medidas inmediatas de mitigación y respuesta ante el periodo de lluvias intensas que afronta la región. Se busca, de esta manera, evitar que se repitan desbordes como el ocurrido el último fin de semana en la zona del malecón ribereño, donde la salida del río Moquegua afectó varios tramos de la carretera Panamericana Sur, a la altura de la sede de la Corte Superior de Justicia.

A través de un documento dirigido a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, la oficina de la Defensoría del Pueblo recordó a la autoridad regional los alcances de la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, que señala que los gobiernos regionales y locales son las máximas autoridades responsables en materia de gestión del riesgo de desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. En ese sentido, se requirió que dichas acciones sean adoptadas considerando las zonas afectadas hasta el momento y aquellas que se encuentren en alto riesgo por su ubicación y geografía.

Con respecto al caso específico del desborde de río Moquegua, la oficina defensorial informó que ha recomendado a la Plataforma Regional de Defensa Civil continuar con las evaluaciones de las zonas críticas y llevar a cabo labores de mejoramiento de defensas ribereñas. Asimismo, que se ha pedido mantener comunicación con las instancias correspondientes a fin de garantizar la limpieza de las zonas afectadas y continuar con las labores de contención del caudal del río.

De otro lado, precisó que ha solicitado a las municipalidades ubicadas en las cuencas de los ríos que, como parte de las obligaciones establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se articulen esfuerzos para reducir el nivel de riesgo en las zonas más críticas de la región, como son los distritos de Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal de Calacoa; así como Chojata y Ubinas, ubicados en las zonas altoandinas de las provincias de Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro, respectivamente.

“Ante situaciones de emergencia o desastre corresponde a los gobiernos regionales y locales atender y asegurar que los servicios públicos no se interrumpan, dado que guardan estrecha relación con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas”, se precisa en el documento dirigido al Gobierno Regional, a través de cual se pide garantizar que las medidas que se adopten sean más favorables para las condiciones de vida de la población.