Defensoría del Pueblo: casi la tercera parte de quejas por falta de acceso a información en periodo 2019 – 2022

Al haberse cumplido 20 años de vigencia de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Defensoría del Pueblo y la Unesco presentaron un balance en el que se evidencian los principales obstáculos que aún enfrenta la ciudadanía en el acceso oportuno a la información elaborada o que se encuentra en posesión de las diferentes instituciones públicas, especialmente cuando el solicitante pertenece a uno de los grupos de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo a los resultados de este estudio, que recoge por primera vez las quejas por afectación al derecho de acceso a la información presentadas ante la Defensoría del Pueblo por poblaciones en condición de vulnerabilidad, se advierte que el 31 %, es decir casi la tercera parte del total de quejas recibidas entre el 2019 y 2022, fueron presentadas por personas vulnerables, entre las que se incluye a las personas con discapacidad. Además, se advierte que los gobiernos locales fueron las entidades más quejadas por este colectivo, con el 76 % de los casos presentados en el mismo periodo.

Otra información relevante que recoge el estudio es el análisis de la situación del derecho de acceso a la información a partir de un total de 15 775 quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo en los últimos 20 años. En ese sentido, se advierte que más de la mitad de las quejas presentadas correspondieron a gobiernos locales (municipalidades distritales y provinciales), con el 53.7 % de los casos. En el periodo 2013 – 2022 la cifra fue mayor, con el 60 % de la quejas dirigidas hacia los gobiernos locales. Asimismo, se advierte que el hecho vulneratorio más recurrente fue la falta de respuesta dentro del plazo legal, con más del 57 % de los casos.

De otro lado, se hace seguimiento a la labor que viene desarrollando el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como máximo órgano resolutivo a nivel administrativo. Se concluye que el número de recursos que viene resolviendo va en aumento año tras año, con 3101 recursos de apelación atendidos solo en 2022. De esta cifra, solo 487 recursos fueron presentados por mujeres.

Cabe indicar que los resultados de este estudio se encuentran contenidos en el Informe Defensorial 003-2023-DP/AAC, Balance a los 20 años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el que también se analizan los logros obtenidos en el reconocimiento del derecho de acceso a la información y se plantean distintas recomendaciones para garantizar que ningún grupo poblacional sea excluido de este derecho, ya sea por su condición de discapacidad, género o pertenencia a alguna comunidad indígena.

En ese sentido, se plantea al Congreso de la República regular la figura del abuso del derecho en materia de acceso a la información pública y la excepción absoluta del pago de costos en los procesos de hábeas data. A la Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se le recomienda elaborar un modelo de registro de solicitudes de acceso a la información que pueda ser replicado por todas las entidades públicas y al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por su parte, advertir casos en los que el derecho de acceso a la información pública está siendo empleado por personas en condición de vulnerabilidad.

Finalmente, se recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros adoptar las medidas necesarias para la creación e implementación de una Plataforma Nacional de Acceso a la Información Pública, que permita presentar y dar seguimiento a las solicitudes de información y, en caso dichas solicitudes sean denegadas, permita presentar los recursos de apelación respectivos ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para acceder al Informe Defensorial 003-2023-DP/AAC ingrese al siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/02/Informe-Defensorial-n.%C2%B0-003-2023-DP-AAC.pdf