Defensoría del Pueblo exhorta a que se reactive la Comisión Regional Anticorrupción de Loreto

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto envió un documento a los integrantes de la Comisión Regional Anticorrupción (CRA), a quienes solicitó la reactivación inmediata de este importante grupo de articulación interinstitucional que busca fortalecer la lucha anticorrupción en esta región, el mismo que se encuentra inactivo desde hace más de un año y medio.

En efecto, el pedido fue dirigido tras evidenciarse que la última vez que el CRA Loreto sesionó fue el 22 de junio de 2022. Desde entonces, no se registra actividad alguna de sus miembros, a diferencia de otras regiones, por lo que urge que dicho grupo de trabajo se reactive y se adecúe al ordenamiento legal vigente.

Así lo expresó el jefe de la sede defensorial en Loreto, Abel Chiroque, en el documento dirigido a la Corte Superior de Justicia de Loreto y a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, así como al Gobierno Regional de Loreto y a la Procuraduría Pública Anticorrupción, entre otras instituciones que conforman el CRA Loreto.

En el documento se precisa que en la última sesión se eligió al procurador público anticorrupción como presidente de la CRA Loreto; sin embargo, un año después, en septiembre del año pasado, se informó que su elección no se había desarrollado conforme a los lineamientos vigentes por lo que se dejó sin efecto su designación. Ante ello, en octubre pasado se solicitó al Gobierno Regional disponer que la secretaría técnica proceda a convocar nuevamente a los miembros de la CRA Loreto para elegir a un nuevo presidente, lo que aún no se ha realizado.

Para la sede defensorial, el estado de inactividad en que se encuentra la CRA Loreto es preocupante si se tiene en cuenta que, según el Observatorio Nacional Anticorrupción de la Contraloría General de la República, con cifras al 2022, el Gobierno Regional de Loreto se encontraba entre las instituciones públicas con mayores índices de corrupción, con el 81 %.

En ese sentido, Chiroque explicó que, de acuerdo a las normas vigentes, corresponde al representante del Ministerio Público, en su calidad de último presidente de dicho grupo de trabajo, continuar con la presidencia en tanto se elija a un nuevo titular. «Corresponde al presidente de la Junta de Fiscales Superiores solicitar al responsable de la Oficina de Integridad del Gobierno Regional a que convoque a una próxima sesión para la elección inmediata del nuevo presidente y reiniciar el trabajo pendiente en materia de lucha anticorrupción en la región», advirtió.