Puno: municipalidades de Puno y Ácora fueron las instituciones con más quejas durante el 2023

A través de un reporte sobre la labor desarrollada durante el 2023, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Puno dio a conocer que atendió 3079 casos, entre quejas, petitorios y consultas, incrementando 249 casos más en relación al 2022. Respecto a quejas, se atendieron 562 casos, además de 237 petitorios y 2280 consultas.

Según informó la sede defensorial, entre las entidades que registraron más quejas en su contra, durante el 2023, se encuentran las municipalidades (145), liderando este grupo la Municipalidad Provincial de Puno, seguida de la Municipalidad Distrital de Ácora. En segundo lugar, se encuentran las empresas de servicios públicos (93), entre las cuales la EPS Electro Puno tuvo el mayor número de quejas, seguida de EMSA Puno. Ocupa el tercer lugar el sector educación (80), con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno y las instituciones educativas públicas en primer lugar; mientras que el cuarto y quinto lugar corresponden al sector salud (71) y al Gobierno Regional de Puno (38), respectivamente.

En lo que corresponde a quejas, los temas más recurrentes estuvieron vinculados a trámites y procedimientos (124), servicios públicos (90), integridad personal (57), servicios de salud (56), servicios educativos (52), transparencia y acceso a la información (26), temas municipales (24), justicia (22), participación (20) y gestión de riesgo y desastres (16).

En el ámbito de gobiernos regionales y municipales, se logró que los municipios provinciales de Huancané, Moho, Sandia y Yunguyo desarrollen sus segundas audiencias de rendición de cuentas, tras advertirse que no habían cumplido con dicha obligación pese a que había transcurrido el plazo dispuesto por ley. Asimismo, la totalidad de municipios distritales cumplieron con esta obligación.

Por su parte, en el ámbito de lucha contra la violencia, en abril se evidenció que, de 8 municipalidades provinciales supervisadas, solo una (Puno) tenía activada su instancia de concertación de lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar. La intervención oportuna de la sede defensorial permitió que las municipalidades provinciales de Carabaya, El Collao, Chucuito, Huancané, Sandia, Moho y Yunguyo reactiven sus instancias y elaboren sus planes de trabajo.

En lo que concierne a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, se advirtió que alrededor de 20 municipalidades distritales no habían creado ni formalizado sus oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad (Omaped). Tras el pedido dirigido por la sede defensorial, se logró que los municipios de Cojata, Cuyocuyo, Ollachea, Cupi, San Antonio, Vilavila, Quilcapunco y Pedro Vilcapaza cumplieran con crear sus respectivas Omaped y asignaran el presupuesto para el funcionamiento de dichas oficinas.

Finalmente, la sede de la Defensoría del Pueblo en la región altiplánica dio a conocer que durante el 2023 supervisó 513 instituciones públicas, lo que representó un incremento de 45 entidades supervisadas respecto al 2022. Asimismo, el 90 % de las recomendaciones fueron acatadas y se brindó información sobre distintos derechos a más de 18 000 personas.

Para el 2024, la sede defensorial renueva su compromiso de continuar trabajando en defensa de los derechos de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables. Para ello, pone a disposición de la ciudadanía la línea WhatsApp 995620607 o la línea gratuita 0800-15-170 para cualquier queja o consulta.