Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo fueron incluidas en norma aprobada sobre personas en situación de vulnerabilidad desaparecidas

La Defensoría del Pueblo saludó la promulgación, por parte del Ejecutivo, del Decreto Legislativo n.° 1603, que incorpora medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo su búsqueda. Esta norma recoge varias de las recomendaciones defensoriales que permitirán optimizar la respuesta del Estado frente a esta grave problemática de violencia de género, que afecta en mayor medida a las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país.

Entre las recomendaciones adoptadas destacamos la obligación de detallar mejor la información de la persona desparecida, incluyendo de forma obligatoria el contexto de la desaparición, datos relacionados con su identidad de género, nombre social, condición de discapacidad, lengua, situación migratoria, entre otras, que se consideran relevantes para su plena identificación; y la difusión de las alertas por los medios de comunicación, incluyendo la lengua que predomine en el ámbito geográfico de la desaparición.

La Defensoría del Pueblo también recomendó que se fortalezcan los elementos tecnológicos que conforman el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por ello, destacamos que la norma faculte a la Policía Nacional del Perú (PNP) el uso de la geolocalización en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas; así como la obligación a las empresas operadoras de telefonía móvil y fija de proporcionar información de las líneas telefónicas vinculadas con la desaparición de personas.

Según explicó Diana Portal, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, las medidas van acorde con la urgencia de atender este tipo de violencia, reflejada en los datos mensuales que emite la institución a través del reporte “¿Qué pasó con ellas?”. Precisamente, en el último de ellos se precisa que, entre enero y noviembre de este año, se han registrado 4833 notas de alerta de mujeres desaparecidas, de las cuales el 41 % correspondieron a mujeres adultas y el 59 %, a niñas y adolescentes. Las regiones con los más altos índices de desaparición continúan siendo Lima (1798), La Libertad (257), Cusco (233), Arequipa (232), Junín (221) y Piura (216).

En lo que concierne a feminicidios, en noviembre ocurrieron 7 casos y en lo que va del año se han registrado un total de 135 feminicidios, 11 más que en el mismo período del año 2022. Para la representante de la Defensoría del Pueblo, esta situación permanece invisible debido a factores vinculados a la coyuntura nacional, pero es necesario que sea abordada a través de un trabajo conjunto y articulado. Como ejemplo de ello, mencionó el caso crítico de la región Arequipa, donde la cifra de feminicidios en lo que va del año es de 19 casos.

Al respecto, señaló que otra importante recomendación incluida en la norma consiste en el involucramiento de los gobiernos regionales y locales en la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, tal como había sido planteada por la Defensoría del Pueblo. “Destacamos la publicación de esta norma, que contribuye a mejorar la calidad de la atención de la grave problemática de las denuncias de personas desaparecidas y actuar con la debida diligencia reforzada de manera particular en los casos de personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres y niñas en su diversidad”, remarcó.

Puede acceder al último reporte ¿Qué pasó con ellas? en el siguiente link: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/12/Reporte-Igualdad-y-No-Violencia-n-46-%E2%80%93-noviembre-2023.pdf