Defensoría del Pueblo pide a Ministerio Público atender estado crítico de fiscalías de Condorcanqui para fortalecer labor contra el crimen

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas requirió a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de esta región disponer medidas administrativas con urgencia dirigidas a mejorar la capacidad de respuesta que deben dar las fiscalías de Santa María de Nieva y Río Santiago, ubicadas en la provincia fronteriza de Condorcanqui, frente al incremento del accionar delictivo en estas zonas fronterizas, principalmente en casos de violencia sexual, minería y tala ilegal.

El pedido fue hecho al término de una supervisión en ambas localidades, en las que pudieron evidenciarse las limitaciones por las que vienen atravesando ambas sedes fiscales, tanto en los ámbitos logísticos como de falta de personal. Se conoció que estas limitaciones afectan la eficiencia en las investigaciones para desarticular las organizaciones criminales que operan en la zona o para dar con los autores de los delitos contra la libertad sexual.

En efecto, pese al incremento de dichas actividades ilícitas, el distrito de Río Santiago cuenta solo con una Fiscalía Provincial Mixta en la que atiende únicamente una fiscal y un asistente administrativo. Ello origina que cuando la fiscal debe ir a hacer diligencias, el local de la fiscalía quede cerrado durante varias horas debido a que el asistente no puede atender denuncias, a lo que debe añadirse que dicho distrito carece de comisaría, lo que retrasa cualquier investigación penal.

Por su parte, la Fiscalía Provincial Penal de Santa María de Nieva cuenta también con poco personal pese a ser la capital de la provincia. Al momento de la supervisión, dicho despacho también tenía a su cargo casos de la Fiscalía de Familia, al no contarse con fiscal en esta especialidad. El caso más crítico, sin embargo, se presenta en el distrito de El Cenepa, al no contar con ninguna fiscalía, por lo que toda la carga la asume la Fiscalía de Santa María de Nieva, ubicada a tres horas en viaje por río. A ello deben añadirse las deficiencias en acceso a servicios básicos como agua y luz, así como de conexión a Internet inestable en todas las sedes, lo que dificulta el trabajo en condiciones adecuadas.

Como parte del documento dirigido por la jefa de la Oficina Defensorial de Amazonas, Genoveva Gómez, al presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Gylder Zapana Mayta, se alerta también respecto a la decisión de crear fiscalías especializadas, tanto en Materia Ambiental como en Derechos Humanos e Interculturalidad, en la provincia de Bagua.

Para la sede defensorial, si bien esta decisión constituye un avance en la lucha contra las nuevas modalidades criminales que afectan a la región, debió tenerse en cuenta que el 80 % de la población de la provincia de Condorcanqui se autoidentifica como awajún y wampis, a lo que debe añadirse que la ciudad de Bagua se encuentra a casi 6 horas de distancia de la localidad de Santa María de Nieva, por lo que debe considerarse también la implementación de fiscalías similares en este distrito.

Finalmente, se traslada la preocupación de la institución en relación a la falta de capacitación que se habría dado al personal fiscal de la región Amazonas en torno a la aplicación del «Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los delitos en agravio de Personas Defensoras de Derechos Humanos”, aprobado por el propio Ministerio Público y que incluye aspectos como la obligación de dictar medidas de protección en coordinación con las unidades de asistencia a víctimas y testigos (Udavit).

Cabe indicar que, solo en materia de delitos contra la libertad sexual, la cifra registrada entre enero de 2018 y enero de este año, en la provincia de Condorcanqui, era de 480 casos. De otro lado, dicha provincia cuenta con una población superior a 52 000 habitantes, siendo la séptima con mayores índices de pobreza a nivel nacional, lo que ha permitido el surgimiento de actividades ilícitas como la minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, entre otras. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo se solicitó a la sede del Ministerio Público en Amazonas a adoptar acciones inmediatas que permitan evitar la impunidad en esta zona del país.