Estado debe proteger a los defensores de derechos, investigación debe ser diligente sobre muerte de defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, lamentó la muerte del defensor ambiental, Quinto Inuma Alvarado, jefe de la Comunidad Nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín, y exigió al Estado una investigación diligente sobre las circunstancias de dicha muerte así como adoptar medidas efectivas frente a las amenazas y actos de violencia que vienen padeciendo los defensores ambientales.

Quinto Inuma, quien contaba con las garantías personales otorgadas a través de la Resolución Directoral n° 003-2021-JUS/DGDH emitida en el marco del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, fue un líder comprometido con la protección del medio ambiente, que venía luchando valientemente contra actividades ilegales como la tala ilegal y el narcotráfico, pese a los constantes ataques y amenazas recibidas tanto contra su persona como la de su hermano, Manuel Inuma Alvarado .

Desde el año 2021 la Defensoría del Pueblo ha venido alertando a las entidades competentes sobre el peligro a los que están expuestos los defensores ambientales en nuestro país, por ello recomendamos en su oportunidad al Ministerio del Interior (Mininter), la implementación de la acción protección de resguardo policial; proponer estrategias o mecanismos de trabajo que facilite el acceso a la justicia de las defensoras y defensores de derechos humanos; y, al Ministerio Público, el monitoreo y seguimiento a los casos vinculados a ellos. Asimismo, al Ministerio del Ambiente, la coordinación de las medidas de prevención, reconocimiento y protección del Apu Quinto Inuma, en aplicación del Protocolo Sectorial para la Protección de las Personas Defensoras Ambientales.

La institución también ha solicitado al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP), garantizar una investigación célere, regida bajo el principio de debida diligencia. En la misma medida, no debe obviarse como móvil la represalia por las labores de defensa de derechos humanos que desempeñaba el defensor Quinto Inuma. También nos hemos dirigido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), para solicitar que active de manera urgente el Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos para salvaguardar la vida e integridad de la familia del defensor Quinto Inuma y coordinar la asistencia económica por orfandad a sus hijos.

La Defensoría del Pueblo ha requerido al Minjusdh que, en coordinación con el Mininter y la PNP, con la asistencia técnica del Ministerio de Cultura, atienda de forma oportuna y con pertinencia cultural, la solicitud de los familiares del defensor Quinto Inuma, respecto a la medida urgente de protección de evacuación de la zona de riesgo en la que se encuentra. También solicitamos al Mininter y al Ministerio Público, adoptar las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de los familiares del fallecido defensor, así como de los miembros de la Comunidad Nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu.

Del mismo modo, el titular de la Defensoría señaló que se ha requerido una intervención articulada, multisectorial y multinivel, con enfoque de derechos humanos, en la lucha contra las actividades ilegales, como la tala ilegal y el narcotráfico, tanto en la región San Martín como en otras regiones en las que dichas actividades ilegales persisten, afectando derechos humanos y el ambiente.

Con relación a la deforestación y tala ilegal en el territorio de la comunidad nativa Santa Rosa de Rosillo de Yanayacu, entre otras acciones, desde el año 2021, nuestra institución ha venido alertando y demandando que se intensifique las acciones de control y vigilancia, así como la supervisión, fiscalización y sanción respecto al incumplimiento de la legislación forestal en esta región, a la autoridad regional; así como a la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Alto Amazonas intensificar su intervención ante la comisión de delitos ambientales vinculados a crímenes contra los Defensores Ambientales de la citada comunidad.

Finalmente, el defensor del Pueblo manifestó que en el marco de las competencias para la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, nuestra entidad continuará supervisando exhaustivamente la implementación de las medidas solicitadas.